El país vive una crisis estructural en materia de gestión de Estado, y la ciudadanía es un mudo testigo sobre ese desajuste que toca cuatro ámbitos esenciales para la gobernabilidad. La Seguridad Nacional, la ruptura de las reglas del juego económico, la crisis en la administración de justicia, y un sistema político capaz de gobernar los problemas.
Cada tema converge con los otros dramáticamente por la ausencia total de una idea de país y de desarrollo nacional en la elite. La fragmentación de ideas y proposiciones políticas, y la ausencia de un sentido de responsabilidad en lo público, indican que tenemos un problema serio que eclosionó el año 2024.
La Seguridad Nacional es precaria. Lo que falla no es la Defensa Nacional o la Policía sino la Inteligencia Nacional estratégica. No se identifican los riesgos y amenazas para ordenar y orientar las políticas e instituciones necesarias. Por el contrario, todo es urgente e igual de importante. Sea la infraestructura crítica y las FF. AA, la crisis delictual vis a vis la inmigración, la administración de las cárceles versus el crimen organizado, la insurrección mapuche, las RUF y los derechos humanos. Se ha agregado ahora, cada cierto tiempo, el antojo de algún país vecino que nos utiliza para un escarceo ideológico de sus gobernantes. Falla una priorización del interés nacional para garantizar un cierto orden. Sin embargo, pareciera ser que el problema principal proviene del tratamiento criminal de la seguridad nacional que, aplicado como método, deja todo en manos del ministerio público. Aunque tampoco tengamos seguridad criminal. Acaba de crearse un ministerio para la seguridad. Sin embargo, la esencia de esta es ser un producto inter agencial, es decir que requiere coordinación, no solo mando burocrático. Solo como ejemplo de esto, Chile tiene 6 organismos de inteligencia: tres de las FFAA, el de Carabineros; el de Investigaciones; y la ANI. A lo que debe agregarse un listado más o menos largo de otras entidades. Pero digámoslo claro, no tiene inteligencia. ¿Y si habláramos de Seguridad Humana?
En materia económica nos corroe la incertidumbre. La base del desarrollo nacional exitoso de las últimas décadas en esta materia fue el respeto y estabilidad de las reglas del juego económico por parte de los actores políticos. Y una identificación seria de los cambios necesarios, acordados siempre de la manera más consensuada posible. Su creciente ruptura es responsabilidad de los principales actores de mercado. Una concentración económica salvaje, sin garantía de competencia fue lo que abrió la puerta a los mayores problemas. No se aceptó que una regulación estricta, especialmente en materia financiera, era necesaria para impulsar y a veces simular competencia, dado el tamaño de mercados del país. La avaricia, las negociaciones entre empresas coaligadas, el interlocking, las colusiones, unidas a las omisiones y baja calidad de los entes reguladores degeneró el sistema y este prosperó en la búsqueda de la excepción y la arbitrariedad. Ello horadó la confianza ciudadana en las bases de equidad del sistema económico. Casos como La Polar, las cascadas de SQM, el zarpazo expropiatorio de EuroAmerica a la inmobiliaria Curauma, la insolvencia transfronteriza de Latam, la colusión de Casinos con Enjoy usando dineros de los pensionados o la reciente crisis de Larraín Vial y la corredora STF y el Fondo de Capital Estructurado 1, entre otros, son emblemáticos de esta crisis. Tal vez la característica más marcada sea la debilidad de los organismos públicos encargados de fiscalizar, como la CMF, la Superintendencia de Insolvencias o el SII, y la presencia continua de los mismos grandes estudios jurídicos actuando como demiurgos en este tipo de escándalos. Hay otros que desean irse del país.
La crisis del Poder Judicial tocó fondo este 2024. No se trata solo de corrupción de miembros de la Corte Suprema y la expulsión de algunos de ellos, sino por la certeza de que la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley de los ciudadanos no están debido a lo fallido de la administración de justicia. Ello no depende solo de la influencias y presiones de todo tipo en los nombramientos de jueces y magistrados superiores del Poder Judicial, sino también porque los sistemas administrativos del PJ están fuera de control. Hoy no existe garantía de integridad y control de su sistema digital de distribución y/o repositorio de causas, mientras la Corte Suprema se niega sistemáticamente a someter ese aspecto a una auditoría externa que transparente el problema. Chile lleva más de dos décadas generando principios y leyes para los organismos del Estado en materia de ciberseguridad. Sin embargo, la Corte Suprema no se ha ajustado a ninguno de esos criterios en su administración interna. Su Corporación Administrativa que maneja el presupuesto total del Poder Judicial prácticamente se autogobierna, y debe ser uno de los enclaves de menor transparencia y eficiencia del Estado chileno. Esto representa un riesgo crítico de seguridad para el país. ¿Quién le toma el peso al problema?
El régimen político está estructuralmente agotado y el sistema político estratégicamente desorientado sobre qué debe hacer. Los partidos políticos y el Congreso no alcanzan la función de cerebro para procesar los problemas del país, y los propios entre los cuales el principal es la representación que invisten. La política con crisis de representación busca rehabilitarse eliminando la existencia de partidos pequeños, como si ellos fueran la causa de la crisis. Pero ello solo es la consecuencia de la falta de ideas. Una concentración vertical de partidos mediante ley va contra libertades civiles de opinión y asociación, y solo aumentará la crisis de representación. Peor aún en una sociedad que se diagnostica plural y con vocación de participación. Hoy en su conjunto los militantes de todos los partidos no llegan a 1/30 avo del electorado nacional. El tamaño siempre es relativo. El tema no son grandes partidos sino grandes coaliciones de composición flexible.
A su vez, en el régimen político el cargo presidencial se ha ido disolviendo en materia de autoridad. Ya no es una institución que convoque y ordene. Frente a la velocidad y complejidad de la política moderna, es necesario pensar en descentralización y desconcentración del poder y en semi presidencialismo. Ello implica que el presidencialismo exacerbado es una aberración, como lo es tener 25 ministerios y su tanda de Seremis, y la dualidad orgánica entre gobernaciones regionales y delegaciones presidenciales. Eso es pura Edad Media. ¿Como se sale de este pantano?
