La reciente destitución de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, ha desatado un terremoto en el sistema judicial chileno. Pero mientras todas las miradas se centran en la Corte Suprema, un actor clave de la transparencia del sistema judicial permanece fuera del escrutinio. Se trata de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
Esta entidad, dirigida por Ricardo Guzmán Sanza, depende directamente de la Corte Suprema, y controla todos los recursos económicos y administrativos que permiten la operatividad de los tribunales, incluidos los recursos digitales y todo lo tecnológico del Poder Judicial. Pero sigue siendo una institución opaca y desconocida para todo el público.
El estatus funcionario de su director sigue siendo un misterio luego que presentara su renuncia con motivo del escándalo de compra de autos Lexus para algunos ministros de la Corte Suprema a principios de año. Esta renuncia no fue aceptada por la Corte Suprema, la que determinó que previamente debía realizarse un sumario interno y todo quedó en la opacidad y hasta ahora sin aclarar. La percepción entre los operadores del sistema judicial, jueces, abogados y auxiliares de justicia es que la CAPJ es una caja de pandora de malas prácticas, y que la actual crisis es el peor momento para realizar cualquier investigación interna que pudiera abrir nuevos problemas que involucren a toda la Corte y por muchos años.
La CAPJ, con un presupuesto de 109.357 millones de pesos chilenos en 2023 (aproximadamente 125 millones de dólares más los aportes extraordinarios en determinados años destinados a construcción y habilitación de sistemas y nuevos tribunales de justicia), tiene la responsabilidad de asegurar el funcionamiento eficiente de los tribunales. Su director (?), Ricardo Guzmán Sanza, ingeniero comercial de la Universidad Arturo Prat y magíster en Ciencias Políticas -según algunos de los títulos que exhibe, entre los cuales también figuran algunos que son falsos- dirige un organismo que maneja toda la infraestructura, la tecnología y el personal que hacen posible la administración de justicia. Sin otro superior que la Corte Suprema quien la gobierna mediante una comisión de cinco ministros que siempre preside el presidente de turno de la Corte experimentó un desarrollo explosivo con la creación de nuevos tribunales y procedimientos, como los de familia y los de Garantía de la reforma procesal penal.
El algoritmo que decide el destino de las causas
Entre las reformas, todas parciales que ha experimentado el sistema judicial, ha habido un proceso de modernización digital, entre cuyas medidas está la de pasar de procedimientos impresos y presenciales, a procedimientos total o parcialmente digitales. Ello, ha generado que uno de los elementos más críticos y menos comprendidos y transparentes que administra la CAPJ sea el algoritmo de distribución de causas civiles. Este sistema, que resulta prácticamente invisible para el ciudadano común, es clave para decidir la igualdad ante la ley en Chile, pues determina qué juez verá un caso ingresado a la vista de la justicia, qué tribunal lo acogerá y cuándo se le dará prioridad y dictará sentencia. En un país donde los tiempos de tramitación judicial pueden durar hasta décadas, este algoritmo es mucho más que un simple mecanismo, y se convierte en la columna vertebral del acceso y la administración de justicia y en el manejo transparente de la sala judicial.
Pero su funcionamiento ha sido objeto de acusaciones fundadas de manipulación en casos emblemáticos como el Caso Curauma entre la V Región y Santiago; y el caso de inscripción ilegal de camiones en todo el país y otros de quiebras y remates, donde se ha manipulado el algoritmo para que las causas vayan a determinados tribunales y así favorecer a ciertos actores.
Las denuncias hechas han quedado sin respuesta hasta ahora (existen demandas pendientes de investigación) pues la CAPJ ha sido incapaz o no ha querido entregar los logs de su sistema digital de causas, que son el registro esencial para hacer la auditoría de su sistema digital y determinar fehacientemente cómo y cuándo se realizó una manipulación del algoritmo. Los logs, que se usan desde hace décadas en los sistemas digitales registran de manera automática cuando se interrumpe un servicio, por cuanto tiempo y fecha y cuándo y quién lo reinicia desde el exterior. Es decir, un sistema de seguridad y verdad que la CAPJ no tendría o no quiere entregar.
Todo ello levanta serias dudas sobre los criterios del algoritmo y la ausencia de mecanismos de auditoría. Si bien debería garantizar una distribución equitativa de las causas, su falta de transparencia y vulnerabilidad a manipulaciones agravan la incertidumbre en un sistema ya sobrecargado, generando serias preocupaciones sobre su verdadera imparcialidad.
La pregunta clave es: ¿Quién supervisa a la CAPJ? Su concentración de poder y la falta de rendición de cuentas la han convertido en un actor fundamental que opera bajo el radar de la transparencia y la responsabilidad pública. Y resulta evidente que durante años la Corte Suprema no lo ha hecho, lo que sí resulta un notable abandono de deberes, sin rendir cuenta pública y que complica directamente a toda la Corte en su conjunto y en especial a todos los ministros que han ejercido en su comisión de control interno.