En casi 20 años con convenios colectivos la relación de los trabajadores del CBRS con los titulares del oficio había sido ejemplar. Como el sueño de cualquier organización sindical, con remuneraciones decentes y repartos de utilidades que generaban un ambiente laboral sano. Se interrumpió con la llegada de un nuevo conservador que se niega a llevar una relación laboral sana, y quiere cambiar el diseño vigente porque “le limita su gestión patronal”, todo en medio de una discusión clave en el Congreso Nacional por una ley que viene llena de incertidumbres para usuarios y funcionarios con un nuevo y complejo sistema de funcionamiento registral.
El conflicto al interior del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que ha reascendido a la prensa, está lejos de apaciguarse. Así lo demuestra un “Téngase Presente” ingresado el 24 de abril en la causa que se tramita en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, presentado por Luis Maldonado, conservador del Registro de Propiedades y Comercio. Maldonado es quizás el actor más poderoso en este esquema, pues el registro a su cargo, realiza el 66% de todas las inscripciones que se efectúan en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), es decir, la mayor carga de trabajo.
Para quienes se interesan en el tema, es necesario recordar que el CBRS atiende a 27 comunas de la Región Metropolitana. El “Oficio” como se le denomina internamente formalmente auxiliar del Poder Judicial, se divide en la ocupación de tres conservadores de igual rango. Luis Maldonado, Conservador de Propiedades y de Comercio, Kamel Saquel Conservador del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, y el polémico Carlos Miranda, a cargo del Registro de Hipotecas y Gravámenes, de reciente designación. Ellos, como funcionarios representan un diseño de sistema registral que funcionando a base de tasas que pagan los usuarios, tienen un ingreso que, descontados los gastos generales y las remuneraciones de los funcionarios, tienen ingresos mensuales que rondan entre los 150 y 200 millones de pesos mensuales.
A pesar de la constante voluntad de algunos actores políticos por cambiar el modelo nunca han variado y las cosas marcharon sin mayores sobresaltos por casi 25 años. Eso, hasta que asumió Miranda, en reemplazo del fallecido Edmundo Rojas García.
Invitado de piedra
Carlos Miranda era notario y Conservador de Minas en Concepción y, tal vez, pensando representar la antigua rebeldía penquista contra la capital, el año pasado 2023 presentó una demanda contra los trabajadores agrupados en los Sindicatos 1 y 2. Según él, las agrupaciones de funcionarios, a través de sus convenios colectivos, participan de lo que a primera vista, según expresa en la demanda, “parece ser una suerte de ‘participación en las utilidades’ generadas por el CBRS que beneficiaría a los trabajadores que en él se desempeñan”. Como si fuera poco, Miranda cita una resolución de 2002 emitida por la Dirección del Trabajo, para autocalificarse de “empresario” e invocar esta disposición legal que le entrega prerrogativas, precisamente a los empresarios, para el logro de su “objeto empresarial”.
Esta condición especial que Carlos Miranda se arroga en esa demanda es lo que molestó profundamente a su colega Luis Maldonado. La relación entre estos poderosos “auxiliares de justicia” que son los tres Conservadores de Bienes Raíces era armónica con los 494 trabajadores del edificio en Morandé 440. Al menos desde 2006, año a partir del cual se renovaron sucesivamente los contratos colectivos que Miranda ahora cuestiona y siempre con la activa participación de Maldonado.
Esta exitosa relación entre conservadores y trabajadores afirma Maldonado “ha permitido llevar a cabo en forma ininterrumpida un largo proceso de modernización del sistema registral inmobiliario, siendo en la actualidad el Conservador de Bienes Raíces de Santiago reconocido por los usuarios como el mejor oficio registral del país”, según reza su escrito ingresado el 24 de abril. En el detalla los avances, tales como que todas las solicitudes de inscripciones se pueden hacer en línea, así como el 85% de los trámites, y los dos millones de documentos que se emiten al año con firma electrónica avanzada.
Pero no solo eso, en lo que sería el sueño de un dirigente sindical de la socialdemocracia europea, el CBRS y los trabajadores reparten utilidades y parte de ellas se reinvierten en las mejoras para el trabajo conjunto. Las inversiones en tecnología, señala Maldonado “han sido financiadas en parte importante por los propios funcionarios con cargo a sus ingresos participativos, aportando 1000 UF mensuales por varios años, conforme se pactó en algunos instrumentos colectivos. Es así como entre los años 2014 y 2023 cerca de 165 mil Unidades de Fomento, se han invertido en el proceso de modernización (…) resulta evidente que los contratos colectivos firmados desde el año 2006 han sido fundamentales para lograr la más eficaz y eficiente gestión del Oficio de Santiago”, consigna Maldonado en su escrito ingresado al tribunal. Todo acero costo para el Estado y mejorando el papel recaudador de ingresos para el Fisco.
Armonía que rompió la demanda de Carlos Miranda. La situación es tan tensa, que ya se acabaron las palabras de buena crianza. En este contexto, Luis Maldonado ha sido enfático en decir que su colega Miranda, ha afectado el clima laboral al interior del “Oficio”. Señala que “Lamentablemente el señor Miranda Jiménez no solo ha demostrado tener un estilo y personalidad complejos, para el cargo que se le ha concedido, sino que cree firmemente que el nombramiento de Conservador lo habilita para gozar a él solo, de todas las facultades de dirección, administración, control y disciplina como empleador, sin considerar que existen otros dos conservadores, a quienes incluso les atribuye que han realizado actos ilícitos y prohibidos por la ley al suscribir los contratos colectivos de trabajo”, señala en el Téngase Presente ingresado. Miranda, de manera inconsulta, se arrogó la representación de los tres Conservadores para presentar la demanda contra los sindicatos.
El Conservador atrincherado
Maldonado emplaza a Carlos Miranda de no conocer el cargo al que postuló y para el cual fue elegido. “El señor Carlos Miranda Jiménez, postuló a un cargo cuyo diseño orgánico constitucional no le acomoda, y, en todos los hechos, intenta desconocer o cambiar”, afirma, respecto de un diseño de funcionamiento que data de varias décadas.
Uno de los puntos que más irrita a Carlos Miranda, según se desprende de su demanda, es el supuesto impedimento para contratar funcionarios, que han puesto en práctica los sindicatos. Lo que, en la práctica, no es efectivo. Puede que Carlos Miranda no haya incorporado a todas las personas que quiere, pero si ha contratado gente nueva y notoria. Es el caso de Manuel José Ossandón Lira, hijo del senador RN Manuel José Ossandón; el RN Gonzalo Infante, mencionado por boletas ideológicamente falsas de Soquimich en junio de 2009 y ha mantenido o se hace representar por nietas e hijos del conservador que él reemplazó que han tenido continuidad laboral sin tropiezos. Además, crea comités externos de asesoría, en los que figura hasta un expresidente de la Corte Suprema, nadie sabe a cuál título, y donde le pide a los funcionarios de su dependencia que “escuchen las observaciones y sugerencias” de operadores del sistema de registro de gravámenes como fiscales y abogados de bancos de la plaza, principales operadores de hipotecas del país. Nunca Serviu o cooperativas de vivienda.
Tales decisiones estratégicas dan cuenta de la visión de Carlos Miranda sobre el futuro del sistema registral que se juega en los salones del Congreso Nacional, proyecto de ley que lleva 6 años de discusión y que en otra columna califiqué como el nuevo Transantiago que se arma en el Congreso en materia registral, en el cual, solo de manera muy reciente, se ha empezado a tomar nota de los derechos de los trabajadores y sus convenios colectivos vigentes.
Casi un hecho anecdótico si no estuviera vinculado a un bulling laboral. La ministra visitadora del CBRS, en el verano de 2024, abrió sus puertas para que los dirigentes sindicales y los trabajadores que quisieran fueran a hablar con ella y expusieran sus razones y quejas, para poder tomar una decisión habría dicho y, eventualmente, atemperar o llamar al orden a Miranda por sus actuaciones. El resultado de esa gestión, muy propio de lo que ocurre al interior del Poder Judicial fue: 1) cambiaron a la visitadora sin mayores explicaciones; 2) se perdieron las declaraciones, y nadie sabe nada; 3) Mario Valdenegro Valenzuela ex presidente del Sindicato N°1 por varios períodos y funcionario por más de 40 años en el CBRS, quien fue uno de los declarantes ante la ministra, fue degradado de puesto y menoscabado y presionado moralmente a renunciar por Miranda, lo que le llevó a presentar una demanda en su contra en los tribunales del trabajo, aun en vistas.
Sin conciencia de dignidad de un trabajador y dirigente sindical, Miranda le ordenó a su secretaria que le ofreciera un grado más y cien mil pesos de aumento si retiraba los cargos y firmaba un nuevo contrato, recibiendo un rotundo NO como respuesta. En esto va la historia, ad-portas de un nuevo contrato colectivo que por ley debe discutirse a partir de junio o julio.
*El autor de esta columna ha sido asesor de los Sindicatos 1 y 2 del CBRS