Por Santiago Escobar
En medio de la polémica nacional sobre corrupción judicial y administrativa que arrastra el caso de Luis Hermosilla, surgen hechos habituales en el Chile histórico, que dejan en claro que no toda la verdad está en los teléfonos o la delación. Un caso es la historia del superintendente de AFP Julio Bustamante como ejecutivo y accionista minoritario de Inverlink, la corredora del fraude del “quiebre del jarrón de Corfo”, donde el abogado y técnico experto ligado a la DC aseguró no sospechar nada. Luego como director de un fondo con un brazo minero que recibió financiamiento de Corfo, junto a Felipe Del Río, Hernán Somerville y Alvaro Clarke gastaron los fondos sin resultados. Fue gestor de intereses para el grupo Laureate, tuvo intento fallido de entrar a la industria previsional, pero se enemistó con Manuel Cruzat, su primer jefe y pidió la quiebra del proyecto Curauma, del que fue director, con una maniobra extraña cuya legalidad deberán determinar los tribunales.
Puede que la nostalgia por la estabilidad de los años ’90 haya llevado a Julio Bustamante hasta República Dominicana. En el país caribeño cuyo PIB creció en promedio 4,9% en los últimos 50 años, el abogado de la Universidad Católica es parte del directorio del Grupo Universal, un conglomerado financiero donde Bustamante destaca en el área de fondos de inversión: AFI Universal. La compañía está ligada a la familia Izquierdo Méndez, partidarios del caudillo dominicano Joaquín Balaguer.
En Chile, Bustamante recién titulado, se convirtió rápidamente en un especialista del modelo de pensiones chileno. En 1988, Icare editó un libro de su autoría “El funcionamiento del nuevo sistema de pensiones”. Los ’90 fueron sus mejores años. Fue Superintendente de Pensiones, durante 10 años se transformó en un requerido lobista del sistema de AFP, que ha defendido como el mejor diseño para impulsar el crecimiento económico con los ahorros previsionales ingresados “especialmente al mercado de capitales”, como detalló en una entrevista para el grupo español Mapfre, cuando todavía estaba en el cargo.
De los ’90, Julio Bustamante recuerda con precisión la anécdota con Carlos Menem, cuando el expresidente argentino se convenció gracias a su explicación, de aplicar el sistema en Argentina. A ese país viajó varias veces mientras era funcionario público junto a delegaciones de la industria chilena, para asesorar a los trasandinos. Las administradoras funcionaron allí hasta 2008, cuando Cristina Kirchner las devolvió al Estado.
Aunque se cuenta que esperaba su privatización en una transnacional de la industria de seguros que empezaban a comprar AFP en Chile, el exsuperintendente aceptó la oferta para ser ejecutivo en el holding Inverlink, junto con su amigo el ex ministro de Economía de Frei, Álvaro García, recién salido del gabinete de Lagos como ministro de la Segpres.
La dupla de fogueados tecno políticos se sumó a Inverlink, el conglomerado estrella de la bolsa local, el más arriesgado y exitoso. En 10 años habían pasado de administrar menos de US$300 mil, a US$40 millones.
En este negocio tan rentable, Bustamante se instaló como director en la Isapre del grupo, Vida Plena, la Clínica Las Lilas, y la AFP Magíster, con fondos del Colegio de Profesores.
La huida de Inverlink
A pesar de estar en casi todas las filiales del grupo durante un año, Julio Bustamante dijo que no sabía del esquema que comenzó a desmadejarse el 29 de enero de 2003. Ese día, Carlos Massad, el presidente DC del Banco Central, recibe un correo rebotado por error, y descubre que su secretaria, Pamela Andrada, le entrega información al gerente de Inverlink, Enzo Bertinelli.
Estos datos eran el secreto del éxito de Inverlink, anticiparse al mercado. Pero aun así, la empresa hace rato viene mal. Están en la quiebra. Bustamante, un técnico de las finanzas, ¿no sabía que Inverlink para tener liquidez, transaba depósitos a plazo de la CORFO?
Julio Bustamante y Álvaro García, renunciaron apenas estalló el escándalo, y le dijeron al juez Patricio Villarroel, que no sabían de la bicicleta con los depósitos de la CORFO. La cadena se cortó el día que Inverlink y sus gerentes decidieron no devolver los instrumentos en el plazo convenido, y el fraude quedó al descubierto. Corfo perdió $85 mil millones y todavía trabaja por recuperarlos. Es la vieja historia de “un jarrón que se rompió”, según la metáfora política usada por el expresidente Ricardo Lagos para referirse a ella.
Bustamante, ha demostrado ser experto en rozar los escándalos sin que lo toquen. En marzo de 2003 los fondos mutuos del mercado local tuvieron que descontar de sus activos los depósitos robados a la Corfo. Salieron capitales equivalentes a US$200 millones y los tenedores de bonos soberanos quisieron hacer efectiva una cláusula de default. Sólo el 7 de marzo de 2003, la SVS (actual CMF) se enteró oficialmente del caso Inverlink/ Corfo.
El brazo minero
A partir de 2005 Bustamante fue director de IFINCORP, una sociedad anónima cerrada para gestionar un fondo de inversión privado, llamado Emprendedor I. En la firma, también fueron directores el ex presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, quien ayudó a evitar que la crisis de Inverlink desplomara el sistema financiero con un acuerdo sobre el cobro de los papeles de Corfo endosados, con el entonces ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre.
De este directorio también participó su hijo Pablo Somerville Barbosa y Felipe del Rio Goudie, accionista y ex director de Falabella, y fundador del holding Derco. Del Río también proviene de una familia fundadora de la DC.
El fondo pertenecía al grupo IICORP, básicamente un factoring en el mercado desde 1989 manejado por el empresario Jaime Vargas Serrano, ligado a SKC y a Sigdo Koppers, la firma en que participó Eduardo Frei Ruiz Tagle antes de ser presidente.
El fondo de inversión funcionó entre 2005 y 2016 y según reporta el grupo Incorp, rentó en promedio 11,9% durante 10 años.
En 2010 Julio Bustamante estuvo entre los asesores del fondo IFINCORP a la firma Exploraciones Mineras IM Trust, a la que los family office de los dueños habían aportado. Bustamante se volvía a topar con Corfo, porque Exploraciones Mineras IM Trust se ganó un fondo “Fénix” de US$15 millones, del total de los US$25 con los que comenzó a operar y obtuvo los primeros resultados al año siguiente.
Pero IFINCORP presentó su término de giro en 2017. De todas formas, Julio Bustamante siguió como lobista en el mundo minero. Desde 2015 aparecen registradas sus reuniones con el ministro de entonces, Baldo Prokurica y otras autoridades de minería en favor de la sociedad minera San Esteban, junto a uno de sus dueños, Alejandro Bohn.
Esta sociedad, era la dueña de la mina San José, donde quedaron atrapados 33 mineros en agosto de 2010. Bustamante, gracias a su reputación de consultor disponible para los medios, logró que se publicara ampliamente la venta inminente de la mina San José a inversionistas canadienses. Pero Eagle Ranch, no tiene iniciación de actividades en el SII y su domicilio es el mismo de Bustamante en calle Las Tórtolas, en Las Condes.
La maniobra judicial
Pero la gran ambición de Julio Bustamante parecía concretarse a partir de 2011 cuando la venta de carteras de clientes abrió una puerta para entrar en el negocio de las AFP. Más de 30 años después volvía a encontrarse con Manuel Cruzat, que fue convocado para participar del negocio. Sin embargo, Solange Bernstein, entonces Superintendenta de AFP, rechazó la solicitud, usando sus facultades discrecionales, indirectamente por la presencia de Cruzat.
Pero la amistad siguió en pie y ese año, 2011, Cruzat invitó a Julio Bustamante al directorio de Curauma, el proyecto inmobiliario de la V Región que, además de ser un área de desahogo y expansión para Valparaíso, prospectaba una gran plusvalía luego de un cambio en el plano regulador de la zona.
Sin embargo, al año siguiente, se abre un conflicto entre una de las empresas de Cruzat y CMR Falabella.
Cruzat le pidió ayuda a Julio Bustamante, pero el abogado tal como en el caso Inverlink, se mostró sorprendido y “traicionado” por Cruzat, al desconocer la situación financiera de Curauma, avaluada según sus gestores en US$900 millones.
Para conocedores del caso, Bustamante se habría aliado con personas interesadas en quedarse con los paños de la urbanización. En ese contexto, inició un extraño proceso de quiebra justo cuando Curauma ya había acordado un acuerdo judicial preventivo con los acreedores, en el 5 Juzgado Civil de Valparaíso.
Uno de los créditos a pagar según el acuerdo judicial era uno de Corpbanca de $85 millones, gestionado con el fin de pagar honorarios. Julio Bustamante pagó ese crédito y con ese título se convirtió en acreedor de Curauma. En tal calidad presentó la solicitud de quiebra de la firma en la Corte de Apelaciones de Santiago. En uno de los hechos más controversiales de la historia económica del Chile contemporáneo, el mecanismo de distribución de causas del Poder Judicial, supuestamente inviolable externamente, derivó la solicitud al 2° Juzgado Civil para su tramitación. Hecho hoy bajo querella por eventual delito informático, para probar que tal distribución sí fue manipulada, para alojar la solicitud en un tribunal de la conveniencia de quienes conspiraban a favor de la quiebra, con anuencia del síndico de quiebras César Millán Nicolet, designación en el cargo irregular y oscura.
Abogado, muy cercano a Nicholas Davies, uno de los directores de Euroamérica, hizo lo que esta empresa quería. Euroamérica, tenía un contrato de financiamiento con garantía de inmuebles de Curauma, garantía que traspasó a una empresa relacionada Euroamérica Seguros de Vida S.A. la que les impuso una hipoteca a favor del Banco de Chile, transformándolo dolosamente en otro acreedor. Con ayuda de la Tesorería de la República, pues esta pese a estar presente en la audiencia de conciliación en el 5 Juzgado de Valparaíso, se quedó afuera y no dio el quorum. Desde ahí todo se acumuló en el Juzgado de Santiago y que es lo que investiga hoy la Justicia. Una querella por manipulación en la designación de un tribunal donde se favoreció al menos a dos acreedores: Bustamante y Euroamérica y perjudicó a cientos de pequeños inversionistas.
El caso de Julio Bustamante sirve para ilustrar que la verdad legal no siempre está en un teléfono, sino en los trayectos públicos de los personajes y que, si la justicia no investiga adecuadamente, es posible que el tráfico de influencias y la corrupción queden impunes.
El señor Julio Bustamante no respondió a los llamados del autor para esta nota.
