El secuestro y muerte de Leandro Ronald Ojeda, militar venezolano refugiado político en Chile es una mancha para la democracia del país. Al otorgarle ese estatus de residencia legal nos hicimos responsables de su seguridad. Su asesinato, independiente de quien lo hizo y porqué, es un delito también contra la libertad misma y la democracia pues era un emigrado de conciencia para salvar su vida. Por disentir, por opinar diferente en su país.
La actitud insegura del gobierno de Chile frente a su homólogo de Venezuela parece intolerable, toda vez que este gobierno guardó hermético silencio y algunas de sus autoridades incluso hicieron mofa del secuestro. El desprecio de Diosdado Cabello para referirse a su compatriota como traidor suena a amenaza y como una forma de señalarlo como un blanco para lo que fue: una fría ejecución.
Las palabras de Cabello, el número dos del socialismo venezolano, el uno es Maduro, son señales de porqué Venezuela no quiso dar garantía de no estar involucrada bajo ninguna forma en el secuestro ni manifestó la más mínima voluntad de cooperación con las autoridades chilenas. No sabemos todavía si esa actitud -tampoco podemos suponerlo- es una prueba de ser partícipe del asesinato. Pero si sabemos que la violencia represora no solo es física sino también simbólica, y que se humilla a los seres humanos tanto en su cuerpo con la tortura y la muerte, como en su esencia y espíritu con el miedo y la amenaza.
¿Entonces qué hacemos?
¿Qué debemos hacer ahora como sociedad decente? ¿Pedirle disculpas a la familia? ¿Indemnizarla tal vez? ¿Proteger de verdad a quienes damos asilo político? ¿Llamar al embajador para que nos diga lo que sabemos o intuimos? ¿Para darle instrucciones de no molestar a nadie?
Posiblemente el país va a hacer algunas o todas esas cosas, dejando la decencia para la conciencia individual y las instituciones para su administración instrumental. Ese es el sentido de la real politik que sigue el país, aunque nadie tenga claro, después de leer al dirigente comunista Juan Andrés Lagos, cuál es nuestro interés nacional frente a Venezuela.
Pero sabemos algunas cosas que no debemos hacer, aunque sea de manera preliminar a la investigación del Ministerio Público.
Sabemos que, dada la conducta arbitraria de los gobernantes de Venezuela, parte importante de ellos requeridos por la justicia internacional, las interacciones diplomáticas deben quedar al mínimo, evitando en lo posible iniciativas conjuntas. O sea, una diplomacia silenciosa.
¿Por qué? El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, investigando violaciones desde 2019, implicó a Maduro y sus jerarcas en abusos sistemáticos que equivalen a crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, tortura y violencia. La Misión de Determinación de Hechos creada por la ONU en 2020 estableció que los servicios de inteligencia venezolanos han incurrido en una política deliberada de crímenes de lesa humanidad, investigación hoy paralizada por la expulsión de toda la oficina local del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. A su vez, el detractor de Chile, Diosdado Cabello, tiene prohibición de entrar a la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia, Suiza, México y Panamá. Ha sido acusado de corrupción, tráfico de drogas y lavado de dinero, de elegir representantes por nepotismo y licitar proyectos públicos sacando beneficio. El exvicepresidente -hoy desaparecido luego de desfalcos en Petróleos de Venezuela, Tarek El Aysami, está requerido de la misma manera y se lo sindica como el vínculo con organizaciones extremistas del medio oriente a través de negocios en Ciudad del Este.
No debemos garantizar una democracia imposible. Venezuela es una dictadura y sus elecciones y funcionamiento democrático una farsa. Hace pocas semanas 33 civiles y militares, entre ellos se mencionó al asesinado Ronald Ojeda, fueron acusados del “complot brazalete blanco” para asesinar a Maduro. Ello puso en tensión al país. Como consecuencia, la candidata opositora María Corina Machado no podrá competir por razones “administrativas” (en realidad porque puede ganar). Junto con la expulsión del personal de DDHH de la ONU y la prisión a Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, todo es una farsa. Puede ser que el asesinato de Ojeda sea una lección de terror que ablande aún más a la oposición. Entre 2016 y 2019, la “resistencia civil a la autoridad” derivó en más de 19.000 asesinatos, según Human Rights Watch
Debemos activar nuestra inteligencia diplomática y económica. Bolivia, país con el que no tenemos relaciones diplomáticas pero mucha interacción y con dos triples fronteras, sería un feudo del dinero negro venezolano, a través del Grupo Corimon, desde 2011, cuyo presidente es Pedro Gill Ramírez, venezolano paraguayo con una vasta diversificación de inversiones, incluidos redes ferroviarias y con proyección hacia Chile. Es decir, nuestro país podría estar limitando al noreste con Venezuela y no con Bolivia, en modo figurado, claro.
Hay que mirar con atención nuestra inteligencia político-estratégica y la criminal, que al parecer en Venezuela van muy juntas. Cabe la posibilidad de que la operación que terminó con la vida de Ronald Ojeda haya sido hecha por la Dirección de Operaciones Especiales de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
La DOE unidad irregular adscrita a la DGCIM, tiene una amplia autonomía operacional y en la práctica depende directamente de Nicolas Maduro. Su jefe es Alexander Granko Arteaga, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, y está presente en la mayoría de los actos sucios del gobierno. Desde represión de disidentes con gente sacada de las cárceles hasta minería ilegal y negociación con los pranes, jefes de las bandas criminales como el Tren de Aragua. Está investigado por la Corte Penal Internacional por torturas y violaciones reiteradas de derechos humanos. Desde hace años dirige células activas de agentes en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y casi seguro en Chile. Con ellas desarrolló la “operación nautilus” para infiltrar grupos venezolanos disidentes en la diáspora de casi 8 millones de migrantes que tiene Venezuela.
En este ambiente, nada es imposible. Y si en un enredo o intriga de financiamiento o infiltración apareciera que el ajusticiamiento de Ronald Ojeda fue hecho a manos de una banda criminal, la lección aprendida es que todos los caminos parecen conducir a Roma.