El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la ceremonia de promulgación de la ley que moderniza el Sistema de Compras Públicas, la cual incluye diversas medidas que favorecen a las pymes e incorpora mayores estándares de probidad y transparencia.
La iniciativa se compone de cinco ejes: (1) mejora de la probidad y la transparencia, (2) eficiente uso de los recursos públicos, (3) impulso a la participación de MiPymes, (4) innovación y sustentabilidad y, (5) fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública (TCP).
“Me parece importante reconocer que este proyecto busca que las compras públicas sean un motor de innovación y sustentabilidad, porque estimula a las empresas a innovar, a mejorar su productividad y a dar nuevas respuestas al desafío de ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, de la mano del desarrollo tecnológico”, afirmó el Mandatario.
La idea, es ir “permitiendo así, que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas y no de unas pocas grandes compañías”.
Respecto a la relevancia de las compras públicas en la economía del país, el Presidente señaló que “imagínense que sólo el 1% o el 2% de las compras que hace el Estado se realicen con esta nueva modalidad, se duplicará el esfuerzo que hace el Estado en materia de innovación año a año. Eso genera una cadena virtuosa de encadenamiento productivo y de transferencia tecnológica que le hace bien a la economía”.
El proyecto fortalecerá las empresas de menor tamaño porque la Compra Ágil pasa a ser un mecanismo a ser usado exclusivamente por ellas y se amplían los montos de 30 UTM a 100 UTM, lo que se traducirá en unos US$ 300 millones al año, calcula Hacienda.
La ley se aplicará también a organismos autónomos constitucionales tales como el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, entre otros. E incorpora a las corporaciones, fundaciones y asociaciones en las que participe un organismo de la Administración del Estado o que reciban más de 1.500 UTM (alrededor de $ 95 millones) en aportes públicos, las que deberán ser identificadas por decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Aquellas no identificadas en el decreto, podrán adherir voluntariamente, mediante convenios, sin perjuicio de que se le aplicará el capítulo VII sobre probidad y transparencia.
Hay que tener claridad sobre lo que esta Ley permitirá y sobre lo que no. Por ejemplo, esta vez no se incluyó una norma que le otorgue puntaje a Pymes que compiten con medianas o grandes empresas. Bastaría que se reservara un 20% de los montos en una gran licitación para que participen los más pequeños, porque el Estado no siempre elige el menor precio ofertado. Además, muchos de los licitados tercerizan parte del servicio y ello encarece el precio final.
Tendrá que buscarse apoyo para financiamiento de boletas de garantía. Hoy el BancoEstado pide un año de antigüedad para el FOGAPE y no está asegurada la boleta con ese requisito, pero de todos modos se trata de una ley que, en líneas generales, facilita el acceso de las Pymes a la cadena de compras públicas.