La intención de dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) en dos oficios mediante una Ley que se encuentra en segundo trámite en el Senado genera enorme incertidumbre en el rubro, pues amenaza los derechos laborales de sus 450 trabajadores, quienes no son considerados ni mencionados en el proyecto. Ahora se acaba de agregar una “trifulka” entre los conservadores y de estos con los sindicatos, a raíz de la acción inconsulta del conservador de Hipotecas Carlos Miranda, quien autoproclamándose empresario demandó a los sindicatos para desconocer el Convenio Colectivo, pues no lo deja dice “administrar la empresa”. O sea, un incendio intencional mientras el Titanic se hunde.
Carlos Miranda, nombrado hace poco más de 6 meses, solicitó al tribunal declarar la nulidad absoluta del Convenio Colectivo vigente en varias de sus cláusulas, con el argumento de que le impide a los conservadores administrar la “empresa” y contratar libremente a quien le parezca para su manejo. Tal limitación establecida de mutuo acuerdo entre conservadores y trabajadores existe desde hace muchos años en los convenios colectivos suscritos entre ellos. Su función es determinar la forma en que se estructura la escala salarial del CBRS, y evitar discrecionalidad arbitraria o discriminación salarial entre un trabajador y otro. Todo lo cual, retrucan los sindicatos, no inhibe la facultad de contratar personal de confianza sino solo su número.
Al demandar a los sindicatos, Miranda lo hizo con el Rut del CBRS y usando un poder general que estaba destinado a otro tipo de actuaciones. Es decir, sin consultar a nadie los metió a todos en el mismo saco para darle fuerza a su demanda y demandó a los sindicatos, pero Luis Maldonado Croquevielle, Conservador de Propiedades y Comercio no estuvo de acuerdo. Envió una carta a la ministra Visitadora Graciela Gómez Quitral, para dejar constancia de su oposición a lo hecho por Miranda, donde dice textualmente que “La gravedad de esta insólita demanda se debe no solo a la carencia de fundamentos de fondo sino que en dicho libelo se menciona como demandante a don Carlos Alberto Miranda Jiménez accionando en representación del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y el abogado que la patrocina, don Marcelo Montero Iglesis ha presentado (…) un poder judicial amplio firmado por los tres Conservadores actualmente en ejercicio (…) con el objeto que los abogados Marcelo Montero Iglesis y Francisca Mercedes Bahamonde Harvey representaran al oficio en las gestiones usuales de juicios en que sea parte el Conservador, pero siempre con las instrucciones de los 3 Conservadores, lo que, como he dicho, no ha ocurrido en este caso.” Luego, derogó el poder usado y compareció en la demanda de Miranda pidiendo la nulidad de todo lo obrado.
Evacuando el traslado de esa solicitud, Miranda y su abogado sostienen que la demanda es procedente y la solicitud extemporánea porque Maldonado sabía desde el 30 de octubre que Miranda iba a demandar y no se opuso. Además, del reporteo para esta nota, se conoció de fuentes internas que la firma de Saquel Zaror, el Conservador de Gravámenes, y que aparece en la Evacuación de Traslado y que no aparece en la demanda inicial, habría sido obtenida por presiones dado un problema de demanda laboral que tiene ese registro conservador.
Lo actuado por Miranda contra los sindicatos ha venido a enturbiar ostensiblemente una situación laboral ya tensa al interior del CBRS, generada por el trámite de ley de inminente aprobación en el Senado que lo dividiría en dos. En la tramitación de esa ley (Reforma del Derecho Registral y de Notarios), tanto el gobierno anterior como el actual, y los parlamentarios de todo signo, han sido sordos y mudos sobre los derechos laborales de quienes trabajan allí. Todos, dicen los trabajadores, van en busca del negocio que sería el CBRS en el cual los conservadores como concesionarios ganan mensualmente entre 150 y 200 millones de pesos y, donde la profesionalización que hoy se exhibe es resultado mayormente del esfuerzo de los trabajadores. Los concesionarios como Carlos Miranda, llegan solo por contactos políticos para hacerse cargo de administrar un servicio crítico para el país, que ya está funcionando. Pese incluso a tener antecedentes de acoso laboral como Miranda en Concepción, donde ejercía como Notario antes de ser nombrado conservador en Santiago.
Los sindicatos, molestos por una demanda sin previo aviso para anularles el Convenio Colectivo vigente, salieron a responder que la ley los ampara en materia de intangibilidad de los derechos establecidos en él y que darán una pelea legal hasta las últimas consecuencias. Sin perjuicio de lo cual, agregaron, y “debido al persistente acoso laboral y prácticas antisindicales directas o avaladas mediante omisiones por todos los conservadores”, ya se habían adoptado medidas para denunciar todas y cada una de las infracciones al Convenio Colectivo vigente y demás leyes laborales a las autoridades pertinentes.
Señalan que les hubiera gustado tener un acuerdo con los Conservadores para representar de manera conjunta y pacífica al Oficio ante las autoridades y así velar por una reforma que resguardara sus derechos y los de todos los chilenos. Pero, dicen, “la codicia de algunos es superior a los principios y aquí estamos nosotros con nuestros precarios medios defendiendo esos derechos que son de todo el país, que son de interés público, frente a la teoría del interés privado sostenido por Carlos Miranda y sus abogados. Porque aquí no hay empresarios como cree el señor Miranda, sino solo concesionarios de una patente fiscal que son ellos; el resto es creación de todos los chilenos”. “El CBRS no le cuesta un peso al fisco, y los concesionarios son de designación política, y tampoco han puesto un solo peso de su bolsillo. Son los chilenos con las tasas que pagan por los servicios los que han construido esto. Con la buena administración de sus funcionarios, que solo tienen sueldos medianamente decentes. Si alguien gana 200 millones mensuales siendo funcionario público es porque el gobierno y la política no hacen bien la pega y le ponen límites. Para hacerlo no necesitan una ley” concluyen.
NR *trifulca: remolienda, desorden; tal vez del latín trifurcuá; o derivarse del mapuche trafulcan: enturbiarse o truful: serie de cascadas de agua (que producen ruido).
VOCES INDIGENAS DEL LENGUAJE POPULAR SUREÑO