Por Miguel Ángel San Martín, desde Madrid
Comienzo por señalar que creo en la Democracia como el sistema de convivencia social más justo, ecuánime y que depende de nosotros mismos para que se aplique con rigor y sentido común. Y, dentro del sistema democrático, creo en la Constitución como el marco jurídico que nos protege a todos, sin excepciones, como si fuera el techo de la casa común que nos cobija a todos por igual.
Dicho esto, quiero recordar que la redacción de una nueva Constitución para Chile, surgió como una solución posible a los graves problemas que enfrentaba la sociedad chilena y que provocó el llamado “estallido social” del 2019. La elaboración de una nueva Carta Magna para mitigar las graves desigualdades que promovía la que se originó en tiempos de la Dictadura, debía ser hecha por una comisión especialmente elegida por el pueblo, paritaria en su composición y contemplando la presencia efectiva de los pueblos originarios. Y esa proposición fue aprobada en referéndum democrático en mayo de 2020, por cerca del 80% de los votantes, abriendo la puerta a la esperanza de que se terminarían las inequidades, los abusos, las injusticias y las corrupciones.
Dicha Comisión, aunque presentó un documento interesante, a juicio de numerosos juristas de todo el mundo, no estuvo a la altura de las circunstancias en la forma de actuar ni en la forma de decir lo que se estaba elaborando. Tras una fuerte campaña mediática de la oposición, en septiembre de 2022 ese texto fue rechazado -también democráticamente- por una mayoría importante, 61,9%, bajo el argumento de que la nueva Carta Magna propuesta no representaba a todo el pueblo chileno. Y se inició un nuevo proceso constituyente.
Esta vez, la creación fue una mixtura entre elegidos por los representantes del pueblo en el parlamento, una comisión de expertos que proponía un texto y una metodología muy estrecha a desarrollar por el desigual Consejo Constitucional. O sea, un sector político pasó por encima del otro y se cometieron los mismos errores de los que habían acusado al anterior proceso constitucional.
Y ahora nos toca votar a los ciudadanos, igualmente en la forma democrática del referéndum, si aceptamos o no el nuevo documento. Y aquí manifiesto mi intención de votar negativamente.
Lo hago con la convicción de que, nuevamente, no hemos sido capaces de elegir a un grupo consecuente con la idea básica y elemental de que la Constitución es igual para todos, sin exclusiones, sin favoritismos sectarios, sin permisividades por donde se cuelan los abusos y la corrupción.
El nuevo documento que debemos votar el 17 de diciembre significa un retroceso en el avance necesario del progreso. Un retroceso evidente que no contempla lo que las grandes mayorías nacionales han ido construyendo, con gran sacrificio e inteligencia, durante estos nuevos años de democracia. Han sido años de procesos sociales complicados, de reconstrucción del tejido social que fuera destruido con violencia, muertes, injusticias…
Hay aspectos que no corrigen los motivos que llevaron al pueblo, en forma espontánea y decidida, a manifestarse en las calles de todas las ciudades del país y que culminaron en un estallido que no se supo controlar ni responder con ecuanimidad a la situación creada. Por el contrario, ahora aquellas motivaciones son profundizadas en este documento.
En definitiva, lo que vamos a votar en referéndum es un texto que no representa a toda la ciudadanía, no es un punto de encuentro que abra los debates necesarios para avanzar en un proceso creciente de desarrollo, de búsqueda de los acuerdos que nos den estabilidad democrática, que sea amplia y generosa en la construcción de un Estado Democrático fuerte.
La Constitución Política de un país es el marco jurídico de convivencia, es el que fija la forma y el fondo de ir avanzando mediante leyes que establezcan los cauces por donde transite un pueblo libre y soberano. Es expresión de Democracia justa y real. Es punto de encuentro para todas las ideas y es el camino para crecer en paz.
Como el texto que nos proponen considero que no reúne las condiciones mínimas para convertirse en una verdadera Constitución, yo votaré en contra.