Un juez de Garantía de Arica entregó a los defensores de un grupo de narcotraficantes los nombres de los 56 testigos que estaban protegidos, ante amenazas del cartel de Los Gallegos, que son parte del Tren de Aragua, encaprichado con el fiscal que concurría la audiencia vía telemática.
Hay que recordar que terminada la pandemia el 31 de agosto, todas las actuaciones de los servicios públicos deben ser in situ, lo que juez Héctor Barraza le recordó al fiscal, cuya identidad no la entregamos por petición del Ministerio Público, ya que se encuentra amenazado de muerte.
Pero el señor juez se encabritó y exigió que concurriera un fiscal que estuviese en Arica, lo que llevó a suspender la audiencia hasta que llegase uno y, de cuerpo presente, se reanudara la sesión. Luego el fiscal, en modo remoto, ante una consulta de Barraza, respondió que estaba autorizado por la Corte de Apelaciones de Arica y por el «Comité de Jueces de Garantía de Arica», lo que este juez desechó, afirmando que no tenía notificación de aquello y que dicho Comité no era un órgano jurisdiccional.
Así, procedió a prescindir de la fiscalía en la audiencia y, acto seguido, liberó los sobres a los defensores de Los Gallegos, quienes ahora saben las identidades de los 56 testigos que estaban protegidos, según consigna El Mostrador: «Pese a ello –según fuentes cercanas al caso–, apenas terminó la audiencia, y sin previa coordinación con la administración del tribunal, al menos a dos defensores se les entregó de inmediato el sobre, por lo cual la Fiscalía está estudiando las eventuales acciones a seguir al respecto».
La ley tiene letra y espíritu, pero el criterio no se compra en la farmacia. Existen jueces que maltratan a fiscales, defensores, abogados, testigos y públicos. Hay varios que son violentos, interrumpen a los intervinientes con malos modales, muchos como si estuviesen en una feria, los ha habido siempre y lo seguirán habiendo. Los jueces de garantía, los de Corte, los civiles y hasta los de Policía Local. Esa misma actitud la derraman hacia las policías, que confunden el investigar con la acción inquisidora. Usted es culpable hasta que demuestre lo contrario.
Un oficial de carabineros levantó su mano en un seminario dado por la Defensoría Penal y preguntó: «¿es decir, ahora estará prohibido pegarle a un detenido?». La jueza Karen Atala lanzó un café hirviendo a una persona en las puertas de un tribunal en pleno Paseo Huérfanos. Los jueces confunden el respeto con sumisión y esa es una doctrina que viene desde la inquisición, que la Corte Suprema no ha cambiado y, como dicen en las esferas del poder, «autoridad que no abusa, pierde prestigio».
Los jueces y muchos fiscales, con la doctrina Piedrabuena, consideran que deben vivir en una burbuja, ascéticos, son casi seres de luz, y constituyen una casta que están un paso atrás en la escala, bajo los parlamentarios y los jefes de partidos políticos. Muchos viven en Los Trapenses y sus relaciones (y su reproducción) están aseguradas. El narcotráfico lo copa todo y quiero creer que estamos a tiempo para frenarlo. Abramos las cuentas corrientes de todos, ahí veremos cómo se edifica nuestro país.
Esta mañana, al menos, la Corte de Apelaciones de Arica puso orden y acogió un recurso de no innovar contra la resolución y ordenó al juez Barraza suspender la entrega de identidades y le solicitó un informe que deberá entregar en 5 días al tribunal de alzada, dando cuenta de los considerandos que tuvo a la vista para liberar las identidades de los testigos.
Foto: Poder Judicial.