Por Aland Tapia San Cristóbal
«Desde hace muchos años, Reconsa ha loteado el milenario campo dunar de Concón, con total complicidad de las municipalidades de Concón y Viña del Mar». Con esta frase Jorge Yarur Bascuñán, en carta a El Mercurio del domingo 27 de agosto, adjudicó responsabilidad a la empresa y a la actual alcaldesa, Macarena Ripamonti, por la destrucción del patrimonio ambiental.
Viña del Mar no escapa a las presiones del desarrollo inmobiliario y la actual administración debe hacerse cargo de las imputaciones que hace Yarur: Veamos.
Yarur dijo que con «la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico de Viña del Mar recurrimos a los tribunales: finalmente, la Corte Suprema estableció que cualquier proyecto sobre o en las inmediaciones de las dunas debe tener estudio de impacto ambiental». «Los edificios, calles y ductos que hemos visto estos días en el socavón con aledaños al santuario dunar y, por su puesto, ninguno de ellos se construyó con un estudio de impacto ambiental». «Tampoco el edificio Alto Santorini II que está levantando Vimac pegado al Kandinsky, y que la Corte Suprema estableció que el permiso que le otorgó la Municipalidad de Viña del Mar tiene un vicio de nulidad». «Pese a ello, la alcaldesa Macarena Ripamonti, estuvo hace pocas semanas defendiendo el permiso de Vimac en tribunales». «Ante esta lamentable historia, es una vergüenza ver ahora a ministros, alcaldes y expertos desfilar con teorías que solo buscan distraer la atención o justificando lo injustificable: aquí el negociado y la ilegalidad han destruido las dunas de Concón, que son parte del patrimonio de todos». «Es una vergüenza ver ahora a ministros, alcaldes y expertos desfilar con teorías que solo buscan distraer la atención o justificando lo injustificable. Aquí el negociado y la ilegalidad han destruido las dunas de Concón, que son parte del patrimonio de todos».
Una de las aludidas por Yarur, Reconsa (sociedad urbanizadora Reñaca y Concón), respondió en una réplica a la denuncia. El gerente general, Ignacio Soza, afirmó que han «realizado toda su actividad cumpliendo estrictamente con la legislación vigente, obteniendo todos los permisos y autorizaciones exigidos por la ley y la autoridad municipal y regional, y no acepta bajo ningún argumento que se le atribuyan ‘negociados’ como base de su accionar». «El proyecto de dicho colector fue aprobado por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y por el Serviu de la V Región, y por su construcción y supervisión no fueron ejecutadas por Reconsa, por lo que no aceptamos que se levanten calumnias con tanta liviandad como hace el señor Yarur».
Lo concreto es que la acción del Estado ha sido deficiente, cuando no negligente, en defender el campo dunar de Concón y ahora debe pagar 3 mil 600 millones por reponer el sector del socavón. ¿Hasta dónde influyeron los Pérez Yoma y los Figueroa Serrano, ex ministros de Frei, socios en Reconsa, para rebajar a 12 de 45 hectáreas el sector Santuario? ¿Cuánto influyeron para rebajar ante el Servicio de Impuestos Internos el monto de las contribuciones?
Por su parte, la alcaldesa dice tener los nombres de las personas responsables en el municipio viñamarino, pero no los adelantará. ¿De qué se trata esto? ¿De mandar mensajes por la prensa? Creo que Ripamonti se equivoca, en una sociedad que requiere transparencia, guardarse los nombres para el momento más oportuno es un error. Las querellas no se anuncian, se presentan, y ella como egresada de Derecho debería saberlo.
Aland Tapia San Cristóbal es ingeniero civil industrial UTFSM, ex Seremi de Economía.