Por Miguel Ángel San Martín, desde Madrid.
Las elecciones generales registradas el pasado domingo en España nos dejan enseñanzas muy importantes referidas a la defensa de la Democracia. Justamente, este sistema de convivencia social, la más antigua que se utiliza en la gran mayoría de los países del mundo, tiene fórmulas de defensa muy definidas según la idiosincrasia de cada país. Entonces, el marco legal respectivo lo constituye la correspondiente Constitución Política del Estado
La Constitución es el marco jurídico que define lo que se puede o no se puede hacer en dicha convivencia social. Es un documento aprobado por la ciudadanía y refrendado por el Parlamento. Así de simple. Por lo mismo, una Constitución debe ser representativa de los intereses generales de la Nación y son los Parlamentos los que no sólo la refrendan, sino que también cautelan su utilización.
España está regida por una Monarquía Parlamentaria. Eso está definido en el Artículo 1 de la Constitución. Por lo tanto, el monarca es el que propone al Parlamento el nombre de un representante político que tenga las posibilidades de alcanzar la mayoría parlamentaria para gobernar. Eso lo dice la Constitución española y así se debe practicar.
Todo esto viene a colación de que, en las últimas elecciones generales españolas, el domingo pasado, el derechista Partido Popular (PP) alcanzó la mayoría de los votos ciudadanos, pero no conseguirá alcanzar la mayoría parlamentaria. Hasta ahora, según se desprende de las declaraciones de los líderes políticos de los diferentes partidos con representación parlamentaria, el PP sólo consigue apoyos del ultraderechista Vox y del regionalista Unión del Pueblo Navarro (UPN). Aplicando las matemáticas, el PP alcanzó 136 escaños, Vox 33 y UPN 1. O sea, no llega a los 176 escaños que constituyen la mayoría absoluta, necesaria para gobernar.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el Gobierno en coalición con el izquierdista Podemos, consiguió 122 escaños, en espera de los resultados de las votaciones de los españoles en el exterior, que se conocerán justamente hoy. En coalición con el nuevo movimiento Sumar, que agrupa a todos los partidos a la izquierda del PSOE, está en mejor posición para gobernar, puesto que está acumulando apoyos de la casi totalidad del resto de fuerzas representadas en el Parlamento. Queda aún por conocerse la posición del Partido Junts, independentista catalán, enfrentado actualmente con la justicia por un intento inconstitucional de independencia y su líder está exiliado en Bélgica.
Dicho todo esto, el Rey debe convocar a los representantes de los partidos políticos acreditados en el Parlamento para hacer consultas sobre quién puede gobernar. Si en dos intentos el Rey detecta que no hay nadie con posibilidades de formar Gobierno, tiene la facultad de disolver las nuevas Cortes Generales y convocar a unas nuevas elecciones generales.
Todo este proceso está contemplado y rigurosamente puesto en práctica en España. Es un método de prever el buen uso de la Democracia y la forma más ajustada a la voluntad de los ciudadanos españoles. Esta forma de proteger la democracia ocurre en forma similar en todos los países del mundo que actúan dentro del marco de este sistema político/social.
Debido a estas mismas consideraciones, es bueno entender en Chile que una Constitución es un documento muy importante, que es elaborado basado en los principios decididos por y para todos, defendiendo los anhelos ético morales de todos los ciudadanos. No es un documento destinado a proteger a algunos solamente. Es la viga maestra que sujeta el entramado social, por lo cual debe contemplar la opinión de la gran mayoría de los ciudadanos. No valen triquiñuelas interesadas, con valor circunstancial para algunos.
Chile necesita una Constitución moderna, adecuada a los nuevos tiempos y conteniendo la voluntad popular, mayoritariamente expresada en plebiscito. Es decir, es el techo de la casa común que debe ser construido entre todos. Es el marco de convivencia democrática que necesitamos para salir de la enorme crisis institucional, económica, política y social que nos afecta.
Quienes están encargados de la gran tarea de redactarla, no deben desconocer los intereses mayoritarios de la Nación, que en este instante son la justicia, la equidad, el progreso y la paz.