El proceso difícil de gobernabilidad en España

Miguel Ángel San Martín, desde Madrid

 

Las elecciones generales de ayer, domingo 23 de julio, dejaron en España varios temas resueltos, otros por resolver y mensajes ciudadanos más que claros. Incluso “enseñanzas”, me atrevería a decir.

Por ejemplo, es importante destacar la genial iniciativa de una decisión adoptada por el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.  Ante los resultados negativos para la izquierda en el proceso de elecciones autonómicas (regionales) y municipales, el Gobierno de coalición que encabeza vio cuestionada su continuidad y dio un audaz golpe de efecto disolviendo las Cortes Españolas y adelantando las elecciones generales para el 23 de julio, casi medio año antes del plazo legalmente establecido.

Le salió bien la jugada, porque evitó la celebración de la derecha por tamaña victoria electoral y, además, evitó soportar medio año de críticas, zancadillas y recriminaciones, incluso dentro de la propia coalición gubernamental. Y de inmediato puso en actividad a la izquierda en su conjunto, unificando criterios y poniendo enfrente a un rival que nadie quiere: la amenaza del fascismo representado por la ultraderecha.

Tras las elecciones, el ultraderechista partido Vox perdió nada menos que 19 diputados. Un descalabro. Y el Partido Popular (PP), que representa a la derecha tradicional, que obtuvo más votos que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque sumara los votos de Vox en una alianza anunciada, no alcanzaría la mayoría absoluta de 176 diputados que se necesita para Gobernar.

Por el contrario, el PSOE tiene muy asumida su alianza con Sumar, un bloque que agrupa a las organizaciones políticas que están a la izquierda de los socialistas, y desde esa alianza puede negociar acuerdos con las demás organizaciones que obtuvieron representación parlamentaria, con lo cual superaría los 176 votos de la mayoría absoluta.

Un tema que quedó al desnudo es el fallo de las encuestas. La gran mayoría de ellas señalaba que la derecha pasaría por encima de Pedro Sánchez y su coalición de izquierdas. Ahora, las empresas dedicadas a esto buscan justificaciones que nada justifican, sino que aumentan las dudas sobre sus verdaderos objetivos.

La enseñanza que nos deja este proceso es que “la unión hace la fuerza”. Será viejo el dicho, pero tiene una validez abismante. La derecha se une con tremenda facilidad. Sus prioridades son muy definidas y fácilmente identificables. Por el contrario, la izquierda sufre de una división casi enfermiza, producto de las matizaciones ideológicas, las intelectualizaciones exacerbadas, la carencia de liderazgos reales, preparados y a toda prueba. Todo eso fue solventado por la decisión urgente y precipitada de Pedro Sánchez.

El movimiento denominado “Sumar” a las pocas semanas se transformó en un conglomerado de agrupaciones políticas cuyo propósito era claramente definido por intereses comunes, de carácter antifascista y destinado a continuar avanzando en los temas del progreso social. Entonces, la izquierda se unificó en torno a un liderazgo claro y a un programa de acción que prioriza el bienestar social.

Todavía queda mucho por definir. El proceso español tiene que cumplir diversas etapas antes de iniciar un nuevo Gobierno. El resultado electoral definitivo se cierra el viernes 28 de este mes, cuando se cuenten los votos de los españoles en el exterior. Y como los resultados han sido bastante estrechos, las cosas pueden sufrir alguna variación.

El 17 de agosto se deben constituir las Cortes Españolas, Diputados y Senadores. Dos semanas después, el Rey Felipe VI debe llamar a consultas a los directivos máximos de los partidos políticos representados, para ver si hay posibilidades de un candidato a presidir el Gobierno. Si considera que lo hay, propone a las Cortes ese nombre. A finales de agosto o comienzos de septiembre, si prospera la proposición del Rey (con más de 176 votos), se procede a la investidura.   Si no prospera, en el plazo de dos meses, el Rey volverá a realizar consultas con los dirigentes políticos. Y si vuelve a fallar el proceso, el Rey disolvería las Cortes y convocaría a nuevas elecciones.

Cada una de estas etapas tiene plazos acotados. Si se ordena disolver las Cortes (sería en noviembre), las nuevas elecciones se realizarían 47 días después, lo cual nos llevaría a Navidad.

En este momento, los partidos líderes de la política española, el PP y el PSOE, se encuentran trabajando arduamente para conseguir los pactos que aseguren la gobernabilidad de la nación. Y el proceso no es fácil.