El ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes dijo que los indicios de corrupción afectan a los más pobres del país y reiteró que se investigará a fondo para aclarar las irregularidades, determinando las responsabilidades administrativas; y el Ministerio Público, las penales.
A su vez, lamentó que se “descontextualicen frases”, ya que no atribuyó hechos irregulares a gobiernos anteriores, sino sólo el funcionamiento del mecanismo que opera desde 2019. Que delega a los Seremis de transferir recursos a fundaciones.
A continuación, Montes sostuvo que la corrupción e irregularidades se combaten con más transparencia y estándares de probidad. Por ello, anunció cinco medidas:
- Establecer un proceso de denuncia interna para funcionarios, sin temor a represalias.
- Levantar el secreto bancario en todas las cuentas del ministerio.
- Entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que estudie las acciones penales y civiles que correspondan.
- Investigar hechos en las regiones que presenten cualquier duda.
- Investigar, al interior del ministerio, la asignación de correos institucionales a personas que no son funcionarios públicos.
Otros antecedentes
La autoridad hizo un análisis de la política de emergencia habitacional propuesta por el gobierno, cuya meta es construir 650 mil viviendas y detalló cuánto se ha logrado. Son más de 60 mil viviendas ya ejecutadas, más de 132 mil en ejecución y 75 mil por iniciarse.
A su vez, detalló la evolución de los campamentos y dijo que entre 2019 y 2021, la Dipres pidió rectificación respecto a la erradicación y localización. Sostuvo que dichos emplazamientos aumentan entre 2021 y 2022, llegando a 1.079, con más de 71.400 familias sin vivienda.
Explicó que en 2014 la Ley de Presupuestos aprobó la transferencia de capital a las municipalidades para ejecutar proyectos en los campamentos. Y en 2015, se permitió la transferencia a instituciones privadas sin fines de lucro. Esto se ejecutó recién a partir de 2019. Agregó que, en principio las instituciones ejecutoras eran el Serviu y las municipalidades, pero hubo problemas con las rendiciones.
A su vez, informó que en la actualidad los fondos que reciben corporaciones y fundaciones son el 30% del total, mientras el 70% corresponde a municipios y al Serviu.
Respecto a “Democracia Viva”, detalló que se adjudicó proyectos en tres campamentos de la región de Antofagasta en temas de seguridad, sanitario y de capacitación. Pero sólo ha hecho la rendición de cuentas de uno de ellos, por el 20% del total.