La semana comenzó con el silencio de los republicanos, cuyo mayor accionista les bajó la línea a los recién llegados, léase Luis Silva, que en una entrevista el domingo pasado dijo: «¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros…no tengo ningún miedo al desacuerdo». ¿Y cómo se avanza?, preguntó el Diario Financiero. Silva respondió: «Para eso están los votos. Y si no los tienen, ellos se tienen que ir de la plaza. Y si no, llamamos a la fuerza pública porque para eso está, para hacer efectivo el derecho».
Así, salieron de la escena, pero no por que quisieran, pues las isapres se tomaron la agenda en una semana donde el gobierno sacó adelante el royalty minero y el sueldo mínimo a 500 mil pesos, y que remató con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos, que en una derivada llevó al presidente de la ANFP, Pablo Milad, a pedir disculpas por calificar al gobierno de populista y feminista, al filtrarse en un chat sus dichos sobre la solicitud de prohibición de ingreso de deudores de alimentos a los estadios.
«No flota», dijo el lunes el presidente del Senado sobre el proyecto de Ley Corta presentado por el gobierno para cumplir el fallo que afecta a las isapres, a lo que la ministra Camila Vallejo replicó: «Yo sé que algún parlamentario dijo que el proyecto no flotaba. La pregunta es qué es lo que le flota al parlamentario. ¿Un perdonazo? ¿Un salvataje? ¿O qué?»
A lo que se refería el Senador Juan Antonio Coloma no es al proyecto presentado por sus pares de la derecha que, a diferencia de la Ley Corta presentada por el gobierno, quieren que las isapres -en el mejor de los casos- paguen con acciones o con descuentos, haciendo caso omiso del fallo de la Corte Suprema.
Las isapres no se han hecho cargo nunca del problema que crearon. No hicieron caso al fallo del Tribunal Constitucional ni ahora quieren acatar el de la Suprema. Tampoco ofrecen ninguna solución y solo se han dedicado a atacar las propuestas del gobierno. Además, nada dicen de la deuda de 500 millones de dólares que tienen con los prestadores, según la Asociación de Clínicas de Chile. Si a ello se suman los 1.450 millones de dólares que deben a los cotizantes, varias de estas aseguradoras quebrarían, pero ello no afecta a toda la industria.
Banmédica y Bupa son parte de grupos económicos con origen en Estados Unidos y en el Reino Unido. Estos no las dejarán caer, porque todavía tienen senadores y diputados que trabajan para ellos, varios de los cuales han sido financiados en sus campañas. La última carta no está echada, las isapres todavía flotan.
Veamos qué dicen los números. Después de su creación bajo la dictadura, las isapres abiertas eran 22. Hoy son 7, el mismo número que existe desde el año 2009 hasta la fecha, y apenas uno más que las seis aseguradoras con que debutó el sistema en 1981.
En cuanto a los beneficiarios, el año pasado cerró con un total de 3.076.622, lo que significó una baja de 5,3% respecto a los 3.249.997 que había a diciembre de 2021, según las cifras que arrojó la Superintendencia de Salud. Así, el año pasado 173 mil afiliados dejaron el sistema de salud privada, registrándose el menor nivel de usuarios desde el año 2012.
Las isapres tienen el 17% de los beneficiarios totales del sistema de seguros de salud. El resto está en Fonasa. Una de las causas más significativas del retiro está en el alza del GES aplicado por Consalud, que pasó desde 0,595 UF a 1,39 UF, que fue la segunda con más desafiliados junto a Cruz Blanca, que registró el mayor número de retiro de cotizantes, con 66.511 el año pasado. En segundo lugar, se ubicó Consalud con una fuga de 53.810 beneficiarios. Ambas son responsables de más de la mitad de las bajas del año pasado en todo el sistema. El tercer lugar quedó Banmédica, que tuvo un retroceso de 43.813 usuarios en su planilla a diciembre. Las 3 son las que aplicaron mayores alzas al GES.
Un 5,3% no es acabo de mundo para un negocio que ha dado utilidades por 1.3 billones de pesos desde 1990 (valores informados por la Superintendencia de Salud ajustadas por inflación). Estas utilidades, que antes repartían 22 isapres y hoy solo 7, son retiradas cada año y los accionistas deben mantener encajes (boletas de garantía) en el sistema para seguir operando. Y así lo han estado haciendo hasta ahora, porque el negocio sigue siendo bueno, si no habrían solicitado la quiebra.
Sin embargo, la siniestralidad durante el 2021 ha hecho variar el esplendor del negocio, además de la ley que creó la Licencia Médica Preventiva Parental en pandemia. Consalud demandó al fisco por perjuicios, argumentando que esos pagos debería haberlos hecho el Estado. Inversiones La Construcción, dueña, asegura que perdió más de $ 20 mil millones con la implementación de esa ley. A ello se suma la decisión de la Corte Suprema de reembolsar a los afiliados los mayores cargos hechos arbitrariamente a sus planes de salud, recurso interpuesto en abril de 2022.
¿Sigue siendo un negocio? Claramente, sí. Los dueños son grupos internacionales y nacionales que tienen su base en Europa, como la inglesa BUPA, o Banmédica en Estados Unidos. Podrán buscar otros derroteros, porque el capital va y viene, no tiene fronteras, pero desde ahí a pensar en una quiebra es casi imposible. Además, debutó la séptima de las Isapres, Esencial del Grupo Alemana, que lleva un millar de afiliados. Decir que quiebran las isapres es una defensa corporativa, porque en el mercado se gana y se pierde, y se flota.