Buscando empatar la crisis política que lo afecta con juicio político de por medio, y ganar algo de tiempo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Legislativa, llamando a elecciones generales, incluida la presidencial. Para ello usó el mecanismo que se conoce como “muerte cruzada” que se introdujo en la nueva Constitución el año 2008 y se usa por primera vez en el país.
La medida le permite gobernar mediante decretos hasta que asuma su sucesor. No obstante, el perfil discrecional que aparentemente le crea a la Presidencia, la enorme debilidad política de ésta podría acelerar la crisis, sobre todo a partir de movimientos sociales articulados por las fuerzas políticas de los pueblos indígenas, de gran incidencia en el país.
La Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, buscaba su destitución, para lo cual requería 92 de votos de los 137 que componen el organismo, y luego votarla en los próximos días, despejando un escenario útil para establecer una carta de administración y gobernabilidad por un período razonablemente de tiempo y permitir la conformación de un nuevo bloque político de gobierno.
Según analistas, la “muerte cruzada” decretada por Lasso, además de darle algo de juego político, solo favorece al bloque del expresidente Rafael Correa, autoexiliado en Bruselas, por tener sentencias condenatorias por corrupción que le impiden volver al país. La medida acelera los tiempos electorales y eso favorece a su partido que tiene 47 representantes en la Asamblea Legislativa y la capacidad orgánica inmediata de ganar las elecciones.
“Devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro” afirmó Lasso a través de sus redes sociales, al momento de firmar el Decreto Ejecutivo 741 “con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE (Consejo Nacional Electoral) se convoque a elecciones”.
