«Chile sufre de una alta y persistente contaminación atmosférica en las zonas industriales y urbanas, escasez de agua y contaminación, pérdida de hábitat y vulnerabilidad ante el cambio climático. Más del 89 por ciento de sus residuos aún terminan en vertederos … el modelo económico del país basado en recursos naturales está empezando a mostrar sus límites”, advirtió Dr. David R. Boyd ,Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y el medio ambiente para Chile.
En su análisis sostiene que «esta situación no ha mejorado mucho desde 2016. Sin embargo, el gobierno tiene un ambicioso objetivo de lograr una transición social y ecológica justa, alejándose del enfoque extractivista tradicional que explota tanto a las personas como a la naturaleza. Es un objetivo honorable y vitalmente necesario en un país que enfrenta enormes desafíos ambientales y una desigualdad sistémica. Solo tendrá éxito en la medida en que los derechos humanos se incluyan en el centro de cada ley, política y programa hecho para acelerar el progreso climático y ambiental. Es una obligación legal, no es una opción», enfatizó.
El Relator dijo que Chile «enfrenta crisis medioambientales atemorizantes e interconectadas las cuales han violado durante muchos años los derechos humanos, incluido el derecho fundamental a vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible». «Estas crisis», agregó, «incluyen: zonas de sacrificio donde las comunidades marginadas y vulnerables sufren de una extrema exposición a sustancias tóxicas y degradación ambiental; escasez de agua, pues muchos residentes de zonas rurales carecen del acceso regular y seguro a agua segura y suficiente; y la mortal contaminación atmosférica».
Boyd cree que «las iniciativas de desarrollo, como la recientemente anunciada Estrategia Nacional del Litio, deben implementarse respetando los derechos humanos, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento, libre, previo e informado en cuanto a los proyectos que se desarrollarán en sus territorios, respetando los derechos de las comunidades locales de participar en la toma de decisiones y de compartir los beneficios, imponiendo los más altos niveles de cumplimiento posibles de las normas ambientales y maximizando los beneficios».
El enviado por la ONU estuvo 10 días en el país recorriendo todas las zonas que representaban interés y se reunió con las comunidades.
«Mi informe definitivo que presentaré al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2024», dijo, «proporcionará detalles y recomendaciones adicionales sobre los temas abordados en este informe preliminar, así como también consideraciones sobre derechos humanos relacionadas con los alimentos, la biodiversidad terrestre y marina, evaluaciones de impacto ambiental, gestión de residuos y el rol de las empresas, incluida la acuicultura del salmón, la industria forestal, la pesquera, la agricultura y los sectores de la minería».
«Mientras tanto», concluyó, «hago un llamado al Gobierno de Chile a que tome con suma urgencia un enfoque basado en los derechos humanos para todas las acciones climáticas y ambientales donde se garantice la protección de las personas y comunidades vulnerables y marginadas».