Llevamos 43 años con una Constitución que se votó sin registros electorales y eso puede cambiar ahora, al menos en la formalidad de votar. El 11 de septiembre de 1980 cualquier persona mayor de 18 años podía votar solo mostrando el carné. Con una tijera le cortaban una esquina para que no votara dos veces, pero muchas tenían dos o más cédulas y podían votar todas las veces hasta que se le acabaran.
Esa Constitución fue hecha entre cuatro paredes, ahora estamos eligiendo 25 consejeras y 25 consejeros constitucionales, proceso que se inició con un Comité de Expertos que debe entregar un borrador al Consejo que elijamos hoy. Eso será el 6 de junio.
Hay quienes, con justa razón, consideran que está todo amarrado por el Congreso, que no es lo que la gente votó el 25 de octubre de 2020, cuando el 79% optó por una Convención Constitucional 100 por ciento electa y no mixta. Tras el triunfo del Rechazo a la propuesta de Nueva Constitución, el 4 de septiembre de 2022, el Congreso negoció el mecanismo que hoy debemos votar. Ya no será redactado solo por 50 consejeros, sino por 24 «expertos» y con una cortapisa más: el Comité Técnico de Admisibilidad, que debe velar por las 12 bases institucionales que definió el Congreso, integrado por 14 juristas.
Este es un sistema intrincado que la clase política definió y nos obliga a votar este domingo, tras lo cual los 50 consejeros y consejeras electas tendrán 6 meses para redactar una nueva propuesta de Carta Magna, a partir del borrador que entreguen los Expertos. Y será el domingo 17 de diciembre de este año el momento en que aprobaremos o rechazaremos el texto que nos ofrezcan.
Por eso hay gente que no cree en el proceso actual y anulará el voto, pero otros creen que si no se ofrece una nueva Constitución con garantías del Estado en salud, educación y pensiones, la rechazarán en diciembre.
Votar es un derecho y una obligación, pero no se confunda el Congreso. La gente ha demostrado su compromiso con el proceso y seguirá haciéndolo. Por ello las personas electas, más allá del sector que representen, tienen la obligación de elaborar una Carta que nos represente a todos y todas.
El fracaso de este nuevo proceso será responsabilidad del Congreso, que habrá leído mal el resultado del 4 de septiembre. El descontento no se supera con campañas mediáticas ni un eslogan, la gente está cansada de esperar y la clase política tiene una dura tarea: aprobar las reformas tributaria y de pensiones, de lo contrario todo el proceso se puede caer.