Vecinos de Las Condes, cuyas propiedades están alrededor del Canal El Bollo, están sorprendidos y preocupados después que la Contraloría General de la República (CGR) extendiera la zona de afectación a utilidad pública del canal El Bollo a 80 metros, pese a que la municipalidad nunca consideró esa franja de protección y a que la SEREMI de Vivienda la había fijado en 15 metros.
El problema radica en que hay vecinos que llevan más de 30 años viviendo en el lugar; algunos no han terminado de pagar su hipoteca, o bien pensaban vender para aprovechar la plusvalía que supuestamente se habría generado tras haber invertido de buena fe en aquellos terrenos.
La CGR argumentó que la extensión se debe a que los 80 metros serían de “utilidad pública”, apuntando a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes no consideró el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) al otorgar los respectivos permisos de edificación.
El abogado Julio Pallavicini, representante de las familias afectadas, quienes interpusieron un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y en el cual se han hecho parte otros vecinos, advirtió que el dictamen de la Contraloría es ilegal y arbitrario, pues “contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880 (que limita la retroactividad de los actos administrativos) y el artículo 4 LGUC, que fija las atribuciones interpretativas de las SEREMIS de Vivienda, al afectar con la nueva extensión de la franja, adquisiciones y edificaciones de inmuebles aledaños que han tenido lugar por más de 30 años, sin considerar el área de protección de 80 metros”. Además, hizo presente la inconsistencia jurídica que se produciría entre la franja de protección del canal en las comuna de Las Condes versus la de la comuna de La Reina, pues para la primera ella sería de 80 metros y para la segunda tan sólo de 15 metros. De hecho, agregó, con el nuevo criterio nada impediría que en el futuro se fijara por la vía interpretativa, que la franja de protección del canal en la Municipalidad de la Reina se extendiera a 80 metros.
Son más de 1000 familias afectadas por el dictamen de la CGR. Muchas familias, que construyeron o compraron sus inmuebles, con permisos debidamente aprobados y recibidos hace más de tres décadas, serán perjudicadas retroactivamente. Además, aún cuando la expropiación sería impracticable por el alto costo para el Estado, el impacto y perjuicio a los patrimonios de quienes lograron adquirir sus viviendas sería altísimo, dado que no podrán vender fácilmente, hipotecar o modificar sus inmuebles, quedando grabados por una eventual futura expropiación.
Lamentablemente, este tipo de medida instala el prejuicio de que los afectados son personas de buena situación económica; pero lo cierto es que este dictamen no distingue clase social, pudiendo afectar a más familias que con esfuerzo han luchado por lograr el sueño de la casa propia. En este sentido, los vecinos están pidiendo que se reconsidere la extensión de las zonas de afectación de dicho canal a 15 metros, tal como lo estableció la SEREMI de Vivienda y como ocurre con el Plan Regulador Comunal de su vecina comuna de La Reina. Lo que podría también afectar en un futuro no lejano a estos últimos, produciendo un desajuste doblemente catastrófico.
Finalmente, la defensa señaló que en materias urbanísticas “corresponde a las SEREMIS de Vivienda, como órganos técnicos, interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial, las que están facultadas para darle sentido a las áreas verdes establecidas en el PRMS y para resguardar la continuidad y coherencia a la regulación urbanística”.