Bajo cualquier óptica política, incluso aquella que acusa un uso y abuso de leyes que nada
tienen que ver con el narcotráfico, lo que hace el alcalde Rodolfo Carter en materia de
protección de barrios en La Florida, es loable. Porque además de poner un dedo en la llaga
de la pasividad del Estado frente al tema, lo hace corriendo un alto riesgo personal, incluso
de vida.
Ese no es un riesgo que se espera deba administrar un alcalde para dirigir su comuna. Tampoco lo es el hecho que deba enfrentar con mecanismos de ordenamiento urbanístico o de ornato y aseo a bandas criminales empeñadas en colonizar mediante el miedo los barrios de su comuna. Por lo tanto, lo que la sociedad debiera exigir prioritariamente a sus autoridades políticas en este caso, es un apoyo sin ambigüedades a Rodolfo Carter y a todos los alcaldes del país empeñados en poner un freno a la delincuencia en sus territorios. Y, por supuesto, solidarizarse con ellos.
Todos los países de la región que han transitado desde condiciones de relativa paz y normalidad hacia amenazas impunes del crimen organizado y la violencia, han recorrido un camino casi idéntico al que desde el año 2000 hacia adelante ha hecho Chile. Consolidación de una mala distribución de los ingresos, solidificación de una brecha social insalvable entre ricos y pobres, debilitamiento de las clases medias y una pérdida de cohesión social a manos de radicalismos de izquierdas y derechas, que han terminado fraccionando sus sistemas políticos. Ello se ha transformado en crisis de representación, y la normalización de la corrupción administrativa y policial, con un debilitamiento casi total de sus sistemas penales y una segregación urbana, dominada por una cultura de la violencia y el control mafioso de barrios enteros, que disuelve el orden público en las ciudades. El único fenómeno intensificado
en los últimos años es la presión migratoria.
Sin una base social mesocrática, la democracia se hace inviable. Y el regreso a la normalidad no es fácil, pues implica mucho más que leyes casi imposibles de lograr o aplicar, y una falta de voluntad para asumir compromisos de gobernabilidad, derivada de un fraccionamiento de partidos y movimientos políticos, que se convierte en una barrera insalvable. En tales circunstancias, resulta casi natural el abandono social de las llamadas zonas de sacrificio, e incluso de actividades económicas de sacrificio como el comercio minorista.
Todo ello pasa hoy en Chile. En materia de comercio ilegal, ocupación mafiosa de espacios públicos e insuficiencia de recursos y aptitudes policiales para ejercer de manera reconstructiva el uso de la fuerza legítima que tiene el Estado para actuar en nombre de la sociedad.
Para explicar la situación no sirven ni las estadísticas de crecimiento, ni las tasas de empleo ni la revalorización de la moneda. El municipio de Envigado, emblemático en Colombia, sostenido por el dinero del narcotráfico y el patronazgo de Pablo Escobar quien lo dotó hasta de seguro de desempleo, era citado oficialmente en los años 80 del siglo pasado, como el municipio mejor administrado de Colombia. Esas estadísticas socialmente cínicas tampoco hablaban de la “ventanilla siniestra” del Banco Nacional de Colombia donde cualquiera podía cambiar cientos de miles de dólares sin que nadie preguntara su origen y en sus Cuentas Nacionales el país tenía una insignificante deuda externa, mientras ella desangraba al resto de los países. Las buenas estadísticas económicas normalizan las actividades criminales, que son negocios no ideologías.
Cuando vino la crisis de la guerra al narcotráfico y la lucha por el control político de Colombia, con asesinatos de periodistas, candidatos presidenciales y políticos democráticos, además de miles de ciudadanos indefensos, la normalidad de la violencia en las calles llegó de golpe. Y hasta ahora, poco ha servido que las FF.AA. se hayan involucrado en esa guerra. El control territorial narco fue esencial en ese proceso, no solo en Envigado sino prácticamente en toda Colombia. Incluso en la zona de guerrillas y paramilitarismo donde se transformó en el gran generador de recursos: sin plata no hay guerra. En las ciudades, hubo un paso acelerado que se denominó “de la barra a la banda”, con el sicariato, la industria del secuestro, la extorsión y el cobro de impuestos por protección, como la patente de corso que pagaba parte importante de los soldados narco de los capos de la droga. Por supuesto dominando el microtráfico que envició barrios y financió a los pequeños sargentos del ejército narco.
La reconversión de una ciudad fracturada a una más segura es infinitamente más difícil que prevenir su deterioro. Era lo que se pidió a los gobiernos de Chile desde fines de los años 90, y que ninguno entendió, empezando por Ricardo Lagos. Desde las fallidas políticas de vivienda hasta la permitida autonomía policial, sirven para explicar hoy la precarización de la ciudad.
Las casas Copeva, la mantención eterna de poblaciones como El Castillo o La Legua, la destrucción de Santiago Centro que empezó Jaime Ravinet o los guetos verticales de Estación Central de Rodrigo Delgado, ambos candidatos a la Constituyente, explican mucho del deterioro actual. Y lo peor, de la perspectiva futura si la política no cambia el guión.
Es posible que el gobierno del Frente Amplio sea el que tiene menos responsabilidad en el actual escenario. Pero que también lo tiene es indudable, porque lo están haciendo mal en la administración municipal oficialista, porque ponen los esfuerzos donde no tienen retorno de ninguna naturaleza y porque carecen de un mínimo de inteligencia estratégica para mirar la realidad que los circunda. Son porros, recurren a viejas recetas y ni siquiera copian bien.
En Chile el narco de base busca domesticar las ciudades que permiten territorios de acceso a infraestructura crítica como los puertos y zonas de articulación. Como el país es un corredor territorial largo y angosto y no tiene hinterland, el control de ciudades es clave, y ello empieza por controlar barrios. Claro que, en San Antonio, Valparaíso, Coquimbo o el norte, la cosa podría ser un poco más pesada que en La Florida. ¿Pero, quién le pone el cascabel al gato?