El gobierno reaccionó a la declaración emitida por la Asociación de Isapres, donde se señala que la propuesta del Ejecutivo sería la “lápida del sector”. El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud expresaron que «las Isapres son responsables del actual escenario que enfrentan y el gobierno cumplirá con el mandato de la Corte Suprema, la cual señala que dichos ingresos corresponden a “cobros indebidos” por la inconstitucionalidad de la fórmula que utilizaron. Desde el año 2020 a la fecha, las Isapres han reportado ingresos operacionales de USD$12.248.910.129 .
«Hay que recordar que la Asociación de Isapres se ha negado a ser parte de la solución del problema que ellas mismas generaron y, por lo tanto, a resguardar el acceso a la atención de salud de más de 3 millones de personas que pertenecen al sistema de salud privado, al retirarse voluntariamente de la mesa de trabajo convocada por las autoridades de salud», indicaron.
El Minsal y la Superintendencia de Salud indicaron que «el gobierno tiene el deber constitucional de asegurar atención de salud a todas las personas del territorio y bajo ese mandato está avanzando, de manera conjunta con parlamentarios y parlamentarias, en un proyecto de ley que permita dar una solución gradual y equilibrada que, por una parte protege a las personas, que son el objetivo principal, y, por otro evite el efecto sistémico que esta situación pueda provocar al sistema de salud».
La Corte Suprema falló que, con la entrada en vigencia, en abril del año 2020, de la Tabla Única de Factores de Riesgo, creada por la Superintendencia de Salud, algunas personas pagaron más de lo que les correspondía por su plan, y que las Isapres deben restituir vía excedentes esas diferencia. El gobierno, respetando dicho mecanismo, propuso que sea mes a mes.