El aplauso fácil en materia de seguridad esta garantizado cuando se promete un uso intensivo de armas y represión física. Mejor aún si es uso de fuerza militar en labores que son estrictamente civiles. La fervorosa gestión de Carolina Tohá, Ministra del Interior y la perplejidad profesional del Gobierno y el Congreso frente a la crisis de seguridad permitieron cumplir la promesa, aunque de manera acrítica. Así, el país militarizó funciones policiales y dio un paso más en materia de inseguridad humana.
Preguntada en una entrevista de El Mercurio sobre que pueden hacer las Fuerzas Armadas con la ley aprobada, la ministra dijo textualmente “La manera en que las Fuerzas Armadas se despliegan ahora tiene como foco que hagan tres cosas. Controles de identidad, registro de equipaje y detenciones cuando corresponda”. En lo cual -se supone- se incluye la disuasión de la inmigración ilegal en fronteras. Debiera preguntarle al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, si concuerda con esta lógica de eficiencia presupuestaria.
De un solo golpe la Ministra, perteneciente a la sensibilidad socialista democrática del gobierno, cambió la misión y rol de las Fuerzas Armadas en democracia, la que difícilmente había ido cuajando en el país durante 30 años de gobiernos civiles. Las puso de facto en condición de Guardia Nacional, coadyuvante o supeditada a las policías en sus operaciones. Todo sin mayor reflexión, excepto señalar que “sabemos que instalar militares en tareas de orden público no es algo banal”.
Lo actuado por el Gobierno es lesivo -y casi ofensivo- del papel central que deben desempeñar las FFAA en las funciones primarias del Estado como son la Defensa y la Política Exterior. También múltiples consecuencias prácticas en la doctrina de la Seguridad Interior, que el gobierno ha ignorado completamente, entre ellas las reglas de coordinación e inteligencia.
Entre los errores graves está instalar a las FF. AA. como un mecanismo intimidatorio frente a la sociedad civil, pues su sola presencia debería bastar para inhibir a las personas a realizar acciones ilegales. Ello es un uso perverso de la imagen institucional de las FFAA, pues por un lado se les exige un comportamiento afín a principios democráticos, y por otro, subliminalmente se apela a una imagen de fuerza violenta vinculada al hecho de presencia militar. En su despliegue operativo contemplado en la ley esta no pone a las FFAA como un reforzamiento de la ley como sí ocurre de suyo con la operación policial. Ellas solo apoyan con algo que perfectamente podría cumplir una policía aduanera un cuerpo de gendarmería de fronteras, si existieran.
Por otro lado, el Gobierno no reflexiona sobre los efectos retardados de su decisión, especialmente en la formación, organización y despliegue operativo de las fuerzas militares, las que no están formadas para seguridad interior y requieren tiempo interno de adecuación. La formación militar es de cuerpo, y lo que está saliendo a la calle no son militares sino unidades militares, cuya coordinación práctica profesional está orientada a actos de guerra y disuasión. Por lo tanto, requiere tiempo organizativo y de formación profesional que en este caso será en proceso, lo que no es fácil. No vale que se diga que los protocolos de uso de la fuerza son muy estrictos. Pues si un civil saca un arma de una mochila, la reacción más probable es letal e inmediata, lo que seguramente en algún momento va a ocurrir. Cambiar el despliegue y uso de la fuerza (formación profesional), además de la organización interna para una mejor coordinación en terreno es lento y costoso, casi tanto o más que crear unidades de fuerza policial especializada.
Hacer que el Gobierno entienda este error estratégico en materia de Seguridad parece hoy imposible. La complejidad de la política cotidiana, acompañada de pocas ideas, se come la imagen del gobierno. Y este adopta decisiones que poco tienen que ver con la temporalidad de las Políticas de Estado, que son las que construyen gobernabilidad y estabilidad institucional de largo plazo, además de soluciones viables.
La ministra Tohá no es experta ni en Seguridad ni en Defensa, sectores que requieren política de Estado. Pero sabe de política y políticas públicas, y sabe bien que el problema puede ser ahora pero también mañana, y que el paso que ha dado su gobierno consiste en una mala militarización de la sociedad chilena para enfrentar problemas migratorios y de narcotráfico, de una manera que en ninguna parte ha dado resultados. Ese es el efecto retardado del cual debe hacerse cargo Gabriel Boric y que a poco andar le pasará la cuenta.