Entre los estragos políticos e institucionales provocados por la mala administración del actual Gobierno, está la deconstrucción acelerada del prestigio y capacidad diplomática del país. La vocación de vocero manifestada por el Presidente de la República Gabriel Boric de aprovechar cada foro o visita que realiza al exterior para endilgar a terceros países sendas admoniciones sobre su política interna, resulta imprudente y dañina. Lo peor, es que el Gobierno carece de una Cancillería capaz de zurcir los daños, pues ella misma es un salón de amplificación e incompetencia, como ha quedado demostrado recientemente, en el audio del gabinete ministerial con una “sesión de análisis” de las relaciones con Argentina y las actuaciones de su embajador en Chile.
Luego de ese impasse y de los dichos sobre Perú en la CELAC, más la aprobación de la ley para resguardo de infraestructura crítica y de fronteras por las FF.AA, el Gobierno ha puesto el peor escenario vecinal del país en muchos años. Sin entender que sin política vecinal cooperativa, prácticamente es imposible hablar de relaciones internacionales regionales sanas.
Los reclamos fuera de tono del Embajador Bielsa por el rechazo del Proyecto Dominga por el Comité de Ministros de Medioambiente no fueron actos de mala crianza, sino una manifestación de desagrado de su gobierno, el que seguramente le dio instrucciones al respecto. Ese acto soberano de Chile que molestó a los argentinos, en realidad es un problema secundario frente al interés de ellos de concretar el Corredor bioceánico a través del Túnel Agua Negra. Algo que el Presidente Boric y el Presidente Fernández conversaron en abril del año pasado, en la primera visita del chileno al exterior. Todo el mundo sabe que no existe una perspectiva de U$2.600 millones de inversión minera en Dominga, sino que su interés estriba en que habilita un sistema de puertos en un lugar complejo, que daría salida marítima al mencionado corredor. Chile no avisó ni dio garantías sobre el tema a Argentina, y de ahí la molestia. Problema superado, dicen en La Moneda, pues Boric y Fernández se llevan muy bien. Bielsa es un diplomático avezado y Argentina memoria larga, mientras Chile tiene aprendices en su Cancillería y carece de inteligencia estratégica. Todo mal.
Es iluso pensar que dado el escenario vecinal actual, la ley sobre Estado de Alerta para el resguardo de infraestructura crítica y de fronteras no será, en un futuro cercano, interpretada de manera hostil al menos por Perú y Bolivia. Internamente ella es un retorno ingenuo a la disuasión de las poblaciones civiles por presencia militar, más propia de un Estado de Seguridad Nacional que de una democracia.
Para seguir, el Presidente le endilgó un reproche de derechos humanos y democracia a Perú, en un difícil momento político de ese país. Más allá de la respuesta destemplada de este, el problema es más de fondo, como ya se vio en La Haya y como se ha visto en torno al triángulo terrestre en el Hito 1 de la frontera. La desaprensión de nuestra Cancillería por los hechos jurídicos que nos atañen con el país vecino nos llevó a la pérdida de frontera marítima hace unos años, como resultado de una estrategia trabajada lenta y minuciosamente por Perú, mientras Chile hablaba de diplomacia de dos cuerdas y el Presidente de turno invertía en empresas pesqueras peruanas, que se vieron favorecidas con el fallo contrario a Chile.
Ahora, la Cancillería chilena presta muy poca atención a una demanda de ciudadanos peruanos por bonos de guerra impagos, de la Guerra de 1879, y que han sido reclamados a ambos lados de la frontera. La Corte Suprema de Chile los ha reconocido como válidos y vigentes, pero con obligación de pago por el Perú, al igual que los tribunales de ese país, a la inversa. La Cancillería se ha omitido y califica los hechos de nula importancia. Según el Tratado de 1929 Chile se hace cargo de todas las deudas de la Guerra del Pacífico en los territorios que quedaron bajo su jurisdicción, lo mismo que Perú en los propios. Los bonos que se cobran son de instalaciones en Iquique. La pregunta que surge es si Perú podría considerar que Chile ha incumplido sus obligaciones emanadas de ese Tratado y, en consecuencia demandar la nulidad del mismo. No hay amigos a quien preguntar en Torre Tagle.
Las relaciones exteriores del país constituyen una de las cinco funciones primarias del Estado, junto con la de Gobierno interior, administración de justicia, obtención y administración de recursos (Hacienda Pública) y defensa. Los intereses nacionales de Chile ante la comunidad internacional de Estados y Naciones, y los países vecinos, se persiguen de igual manera con la diplomacia y la defensa, combinadas de manera armónica, para preservarlos o dejarlos establecidos. Lo que implica la búsqueda de entornos internacionales de paz, estables, cooperativos y lo más institucionalizados posibles, entendiendo que la política exterior del país es una política de Estado que excede la temporalidad de un gobierno. Y que en ella no existen amigos sino intereses, principios, y buenas o malas relaciones. En materia vecinal lo principal es la no injerencia en asuntos internos del vecino.
No es claro cuál parte de esta ecuación no entiende el Gobierno, pues carece de prudencia en sus dichos, de una voluntad de usar los mecanismos internacionalmente establecidos para argumentar posiciones democráticas y de derechos humanos; foros institucionalizados, comisiones de trabajo y organismos multilaterales, además de oportunidades de política bilateral respetuosa. La mejor manera de defender democracia y los derechos humanos es ejercerla en su política interior y votar consecuentemente en las instancias intergubernamentales.
Es iluso pensar que dado el escenario vecinal actual, la ley sobre Estado de Alerta para el resguardo de infraestructura crítica y de fronteras no será, en un futuro cercano, interpretada de manera hostil al menos por Perú y Bolivia. Internamente ella es un retorno ingenuo a la disuasión de las poblaciones civiles por presencia militar, más propia de un Estado de Seguridad Nacional que de una democracia. En lo internacional, el necesario resguardo soberano de la frontera, requiere más cooperación y eficiencia policial. La ley que se acaba de aprobar, dejo fuera el contexto de paz y cooperación para sostener la seguridad en las fronteras. ¿Quién piensa las políticas en el Gobierno?
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
