El desenfadado alegato político de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sobre el proceso de cambios constitucionales a que se encuentra abocado el país, reclama una opinión aclaratoria del Pleno del máximo tribunal. El organismo debiera transparentarle al país si concuerda con las declaraciones de la ministra o si, por el contrario, ésta se excedió en su rol. Si este fuere el caso, debiera entonces rectificarlas, atendiendo a su responsabilidad de control y superintendencia de este Poder del Estado.
No es primera vez que actuaciones de ministros que provienen de la actividad privada, como es el caso de la ministra Vivanco, introducen elementos perturbadores, juego de intereses y opiniones personales, muy por fuera de lo que se considera prescindencia política del Poder Judicial.
Por cierto, sería absurdo sostener que a este, en su calidad de Poder del Estado, no le empecen los asuntos superiores del mismo, como lo es la generación de una nueva constitución, o los organismos que ella contenga relacionados con la generación y ejercicio de la magistratura. Precisamente por ello es que existen mecanismos aptos para lograr la sintonía institucional necesaria, y un funcionamiento armónico y sano de los poderes del Estado. Con reglas y mecanismos de consulta y canales de opinión claros y reservados que, utilizados con finura y prudencia, buscan no perturbar la salud política del país y mantener la rigurosidad de la prescindencia política del Poder Judicial. Las declaraciones de la ministra Angela Vivanco se salieron de ese tono, y se sumergieron directamente en la ponderación y valoración política del proceso constitucional.
Este tipo de ministros externos, que llegó con una reforma aprobada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la década de los 90, y no modificada en la Constitución del ex Presidente Ricardo Lagos con las reformas del año 2005, ha terminado por hacer crisis, como lo demuestra la actuación de la ministra Angela Vivanco.
Hace rato que circunstancias como esa, han puesto en evidencia la necesidad de terminar con los ministros externos en la Corte Suprema, quienes llegan a ejercer sus funciones con talante de representantes, generalmente de carácter corporativo, y propietarios naturales de los cargos que ostentan por negociaciones políticas. Lo hacen en igualdad de condiciones frente a aquellos ministros de carrera, que han hecho su vida profesional en la disciplina de una judicatura, que las más de las veces ha empezado en los lugares más apartados del país, para impartir justicia y plasmar el principio de legalidad de la República de Chile.
Este tipo de ministros externos, que llegó con una reforma aprobada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la década de los 90, y no modificada en la Constitución del ex Presidente Ricardo Lagos con las reformas del año 2005, ha terminado por hacer crisis, como lo demuestra la actuación de la ministra Angela Vivanco.
Es precisamente ello lo que ha llevado a la ciudadanía, de manera transversal, a la convicción que uno de los cambios más necesarios en el Poder Judicial es eliminar esta categoría de ministros en la integración de la Corte Suprema, sea a través de una nueva constitución o de una reforma inmediata, da igual. Con el fin de eliminar la existencia de intereses extraños en su funcionamiento, pues la mayoría de estos ministros externos, proviene de grandes estudios de abogados o de corporaciones económicas -que con ayuda del poder político-, cooptan de esa manera sus intereses al ejercicio de la justicia.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad.