Héctor Llaitul y la impunidad

columna

Nada tiene que ver la incitación a la violencia -y la pertinaz comisión de delitos por parte de Héctor Llaitul – con el justo reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes de Chile, ampliamente contenidos en la propuesta de Nueva Constitución que el país deberá votar el próximo 4 de septiembre. Por el contrario, son antagónicos. Llaitul ha elegido el camino de la guerra de liberación, se ha puesto al margen del Estado de derecho, y demuestra no respetar ni los derechos y opinión de su propio pueblo, ni tener empatía alguna con el resto de los pueblos originarios del país. El fiscal nacional, Jorge Abbott, bien gracias.

Camila Vallejo, la ministra vocera de Gobierno, dijo que el Ejecutivo no se querellará contra Llaitul, por declarar que “la prioridad se centra en canalizar la violencia hacia el sabotaje”, reivindicando los ataques incendiarios en la Macrozona Sur. Para ella, tales declaraciones son “un tipo de provocaciones”, y dijo que “nosotros estamos trabajando en una salida y solución política al conflicto”.

Se trata de defender el Estado de Derecho, la unidad política del país y el orden público interno amenazado por una fracción insurreccional mapuche. El gobierno debiera entender que Llaitul y la CAM, además, trabajan por el Rechazo de la Nueva Constitución.

El Presidente de la República dijo que “no legitima la violencia política”, pero reafirmó las palabras de su vocera al señalar que “si alguien reconoce vínculos con ilícitos por supuesto que eso tiene que ser investigado y, de concluirse la investigación, sancionado como corresponde”. Acá lo importante es que, “desde el Estado de Chile, más allá de este Gobierno, tenemos un problema muy grave, y para solucionarlo no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo”, añadió.

Acción violenta de sabotaje y atentados incendiarios son, para el Gobierno, “provocaciones de quienes no quieren diálogo”. No un plan primario de independencia política.

Es una señal confusa en un momento en que se debe resolver el Estado de excepción en la Macrozona Sur, y luego de la derrota gubernamental de incluir a las FF.AA. en el resguardo de la llamada infraestructura crítica.

El subsecretario de Interior, se esfuerza en argumentar con estadísticas la inseguridad en la zona. Se requiere algo más que eso. Se trata de defender el Estado de Derecho, la unidad política del país y el orden público interno amenazado por una fracción insurreccional mapuche. El gobierno debiera entender que Llaitul y la CAM, además, trabajan por el Rechazo de la Nueva Constitución.

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Abogado, analista político y experto en temas de seguridad.