Por 31 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones, y tras un amplio debate, la Sala del Senado aprobó la solicitud del Ejecutivo para prorrogar por un nuevo periodo, la vigencia del estado de estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
La sesión estuvo marcada por la postura de un sector de la oposición que anunció que no aprobaría una nueva prórroga si ésta mantenía el carácter de «acotado». De hecho, si bien el Gobierno logró nuevamente sacar adelante esta medida, lo hizo con un resultado algo menos holgado que cuando solicitó la prórriga anterior, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con 100 votos a favor, 19 en contra y 13 abstenciones.
En el marco del debate de esta nueva prórroga de 15 días, diversos senadores y senadoras hicieron presente la necesidad de abordar no solo las medidas de plan Buen Vivir y el plan de restitución de tierras indígenas, sino también aplicar, con una política pública clara, las medidas que permitan desarticular las bandas de narcotráfico, el robo de madera y el terrorismo que operan en la zona.
De manera transversal, los legisladores valoraron el aporte realizado por las Fuerzas Armadas y las policías para asegurar el libre tránsito y la distribución de los servicios básicos. Por su parte, diversos legisladores instaron al Ejecutivo a aplicar con toda propiedad las herramientas que le otorgan la Constitución y las leyes, sin inhibirse o caer en interpretaciones que «llevan a confusión en la población».
El gobierno declaró la medida el 17 de mayo, a través del decreto 189. Después, lo extendió por medio del decreto 199, del 27 de mayo, por otros 15 días. Luego, según la Constitución, recurrió al Congreso y ésta es la segunda solicitud.
La ministra del Interior, Izkia Siches, dio cuenta de los principales avances para combatir la situación de violencia en la zona y precisó que el estado de excepción es una medida necesaria y complementaria al plan «Buen Vivir» . «Se decretó el 17 de mayo, con la convicción que es medida de excepción y los resultados dan cuenta del impacto de esta decisión con la presencia de efectivos para el resguardo de rutas y patrullajes». Asimismo, reconoció que «la reducción de eventos violentos no ha sido homogénea en toda la zona».
La ministra de Defensa, Maya Fernández, dio cuenta de la visita en terreno que desarrolló a la zona y evidenció «la complejidad de la situación que, como Estado, debemos enfrentar. La misión asignada de controlar el tránsito no solo se reduce a puestos de control y patrullajes sino que se han dispuesto escoltas para permitir el transporte de insumos básicos».
