El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció este miércoles la creación de un Consejo Contra el Crimen Organizado en la Región Metropolitana, que estará conformado por representantes de Carabineros, la PDI y otras instituciones del Estado.
«Vamos a convocar de manera permanente y regular a la totalidad de las instituciones del Estado, que como aquí hemos conversado con Carabineros, tienen un adversario común, que es el crimen organizado y que tienen que establecer espacios de trabajo, de coordinación para definir objetivos comunes y también tener estrategias comunes», dijo Monsalve, durante un comité policial que se llevó a cabo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
“A partir de la creación de este espacio, donde tiene que estar obviamente el Ministerio del Interior, la Delegación Regional Presidencial, pero también Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Servicios de Impuestos Internos, servicio de Aduanas, la unidad de análisis financiero, entre otras instituciones que juegan un rol que pueda permitir ser más eficaz en la lucha contra el crimen organizado», sostuvo.
El subsecretario explicó que en la RM, “nos interesa focalizar trabajo del conjunto de las instituciones del Estado en contra del narcotráfico, en las fiscalizaciones e incautación de armas, en el trabajo que hay hacer para combatir el comercio ilegal, y también queremos colocar un foco para poder prevenir y poder controlar y evitar la quema de buses».
El encuentro tuvo lugar en la misma comuna donde hace pocos días fue asesinado el cabo segundo de Carabineros David Florido, quien al concurrir a un llamado por la presencia de individuos armados en una barbería ubicada en la calle La Marina, recibió un disparo que se presume fue percutado por un joven de 24 años que había salido de la cárcel hace seis meses, gracias a un beneficio que le concedió la Corte de Apelaciones pese a haber cumplido sólo la mitad de su condena por otros delitos y con un informe de Gendarmería que recomendaba no otorgarle el beneficio, ya que corría el riesgo de reincidir.
«Creo que la delicada decisión de entregar beneficios carcelarios a personas que han cometido delitos tiene que estar de manera muy rigurosamente fundada y, por lo tanto, si las instituciones y los informes técnicos no recomiendan la liberación de una persona, esa persona no debería ser liberada y, por lo tanto, esto debe ser materia de revisión», afirmó Monsalve.
