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El Gobierno corta el programa «Yo Elijo Mi PC» en el Presupuesto 2027 y enciende las críticas de alcaldes y parlamentarios

 

La propuesta de presupuesto enviada al Congreso suprime el financiamiento explícito para la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico, desatando una ola de reparos transversales que abarca desde alcaldes hasta legisladores de distintas bancadas.

La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio fiscal dejó al descubierto la eliminación del respaldo financiero para el programa «Yo elijo mi PC», administrado a través de las Becas TIC de la Junaeb. La medida contempla descontinuar una política pública con 17 años de trayectoria ininterrumpida que, tan solo durante la temporada 2026, permitió distribuir computadores portátiles a más de 96 mil alumnos de educación pública y establecimientos particulares subvencionados vulnerables. La partida para este beneficio, que en el periodo vigente superó los 35 mil millones de pesos, no figura con una asignación equivalente en el articulado presentado ante el Poder Legislativo.

El origen de este programa se remonta a 2009, cuando durante el primer mandato de Michelle Bachelet se estructuró la iniciativa «Yo elijo mi PC» orientada a favorecer a cerca de 30 mil escolares por desempeño y vulnerabilidad. Posteriormente, en 2015, el sistema se expandió hacia la educación pública mediante la política «Me conecto para aprender», convergiendo con los años en el formato unificado de Becas TIC que provee equipos de 15 pulgadas provistos de conexión a internet por doce meses, programas educativos y herramientas de accesibilidad. De consolidarse la propuesta económica del Ejecutivo sin modificaciones en el debate parlamentario, el año venidero marcaría el primer antecedente desde su creación en que las aulas no recibirán este insumo tecnológico.

La determinación gubernamental desató una inmediata corriente de rechazo en el ámbito municipal y parlamentario. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, catalogó la decisión como un error incomprensible dentro de la gestión educativa y emplazó a las autoridades centrales a reponer de manera urgente los fondos. A su vez, el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, vinculó esta tijera presupuestaria con el frenazo de otras obras de infraestructura estatal, señalando que la reducción del aparato público termina impactando directamente en las familias de menores recursos. En el Senado, Matías Walker recordó el significado social de la entrega de equipos en las regiones y anticipó que en el Congreso se articularán esfuerzos transversales para restituir los recursos, tal como ocurrió en negociaciones de años anteriores.

Desde la Cámara de Diputados, el legislador Juan Santana (PS), integrante de la Comisión de Educación, advirtió que la supresión de la entrega de ordenadores se suma a otros severos ajustes dentro del sector. Entre los puntos más cuestionados figura la contracción del 46,71% en el presupuesto de los Liceos Bicentenario, cuyos fondos disminuyen de 6.500 millones a 3.600 millones de pesos, a pesar de las defensas técnicas que previamente había formulado la propia titular de la cartera de Educación, María Paz Arzola. Asimismo, parlamentarios manifestaron inquietud por los topes a las jornadas docentes en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), factor que podría presionar el margen de contratación en los establecimientos.

En contraposición a los reparos políticos, la postura oficial sostiene que la propuesta fiscal prioriza la eficiencia en la asignación del gasto público y la concentración de insumos en áreas estratégicas. Desde el Ministerio de Educación se remarcó que la partida global alcanza los 17,3 billones de pesos, volumen de recursos destinado a garantizar la cobertura de más de 3,5 millones de estudiantes, asegurar la alimentación escolar para 1,8 millones de niños y sostener la gratuidad en la educación superior para más de 600 mil alumnos. Adicionalmente, dentro del análisis técnico se han recordado las observaciones formuladas por la Contraloría en periodos previos sobre la gestión del programa, instancia donde se detectaron miles de equipos almacenados u obsoletos, así como fallas de cobertura derivadas de fluctuaciones cambiarias y restricciones de caja en años anteriores. Con las cartas sobre la mesa, la decisión final respecto al futuro de las Becas TIC quedará radicada en la tramitación legislativa durante las próximas semanas en el Congreso Nacional.

 

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