Con una media de 81 años de edad y tras décadas ejerciendo funciones clave en el sistema legal, más de una treintena de auxiliares de la justicia deben cesar en sus cargos por mandato de la nueva ley, en un proceso marcado por decretos gubernamentales ya suscritos e infructuosas acciones ante los tribunales para detener su retiro.
La entrada en vigencia del límite de edad de 75 años dispuesto en el artículo segundo transitorio de la Ley 21.772 marcó un punto de quiebre en la administración territorial del sistema notarial y registral del país. A contar de este viernes 2 de octubre de 2026, un grupo compuesto por 35 notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros debe abandonar oficialmente sus funciones de manera definitiva, dando cumplimiento a los decretos de cese firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva.
Esta salida masiva afecta a funcionarios cuyo rango etario se sitúa en un promedio de 81 años, registrándose casos extremos que van desde los 75 años hasta los 96 años de edad. La nómina de autoridades en retiro abarca a históricas figuras del rubro, como el conservador de Los Andes, Alfonso Barrientos (96 años); la conservadora de Coquimbo, Cesira Figari (88 años); el notario de Macul, Juan Facuse (85 años); el conservador de Valparaíso, Ricardo Valderrama (84 años); y el conservador de Santiago, Luis Maldonado (81 años).
La ofensiva judicial apoyada en la Ley Zamudio y el rol del Tribunal Constitucional
A pesar de la dictación de los actos administrativos, un bloque integrado por cinco de los afectados impulsó una estrategia legal para intentar frenar su desvinculación forzosa. Encabezados por el propio Maldonado, junto a la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery; el conservador de Pozo Almonte, Enso González; la notaria de Las Condes, Linda Bosch; y la notaria de La Calera, Lidia Chahuán, los querellantes acudieron a la justicia civil invocando la Ley Zamudio, bajo la premisa de que la imposición de un tope de edad representa un acto de discriminación arbitraria.
En el marco de esa arremetida, la jueza Claudia Veloso derivó un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) respecto de la aplicabilidad del articulado de dicha norma. Si bien la Primera Sala del TC acogió a trámite las presentaciones y suspendió la gestión judicial pendiente, no emitió una orden de suspensión provisoria sobre los decretos de cese emanados del Ejecutivo. La defensa técnica de Maldonado, liderada por el jurista y exministro del organismo constitucional Gonzalo García, argumentó que la medida buscaba evitar la dilatación del proceso sin pretender fueros especiales, pero al no existir una paralización expresa, la fecha de caducidad fijada por la legislación se mantuvo inalterada.
Subrogancias interinas y la reorganización de plazas clave
Para garantizar la continuidad operativa de las oficinas y la atención de los usuarios en las diversas regiones, la normativa contempla que los puestos vacantes sean asumidos de forma interina mediante decretos regionales de prelación, mientras el Servicio Civil desarrolla los respectivos concursos públicos para la designación de los nuevos titulares. En la plaza capitalina del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el mecanismo especial estipula que la administración de los tres oficios recaiga en el conservador Carlos Miranda dada su antigüedad, considerando además la previa ausencia de Kamel Saquel y la salida forzada de Maldonado.
Desde el debate sectorial, las posturas frente a esta transformación han exhibido matices. El académico de la Universidad Diego Portales y exministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que el marco normativo ofreció un periodo de transición suficiente para preparar los relevos, cuestionando que algunos sectores hayan ejercido resistencia judicial por intereses particulares. En contraste, Carlos Miranda, en su calidad de presidente de la Asociación de Notarios, Archiveros y Conservadores, reconoció la validez del cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso, al tiempo que respaldó el derecho legítimo de los asociados a recurrir a las instancias jurisdiccionales para la defensa de sus derechos.
