Hay temas que, apenas se mencionan, dividen al país en dos bandos. La invariabilidad tributaria es uno de ellos. Basta escuchar ese concepto para que unos hablen de “privilegios para las grandes empresas” y otros de “la única forma de atraer inversiones”. Como ocurre con muchos debates en Chile, ambos extremos terminan teniendo parte de la razón… y también parte del error.
Llevo años ligado al mundo de la empresa. He visto cómo una decisión de inversión puede cambiar la vida de una comunidad completa. Cuando una empresa decide construir una planta, abrir una sucursal o desarrollar un proyecto, no solo compra máquinas o materiales. Contrata trabajadores, mueve transportistas, compra en ferreterías, trabaja con proveedores locales, utiliza hoteles, restaurantes y servicios. Detrás de una inversión siempre hay cientos o miles de familias.
Pero también he visto la otra cara. Todos queremos mejores hospitales, mejores colegios, mejores carreteras, más seguridad y pensiones dignas. Todo eso cuesta dinero. Y ese dinero proviene, en gran parte, de los impuestos.
Entonces, ¿quién tiene la razón?
La respuesta, probablemente, es que ninguno la tiene por completo.
Imaginemos que usted decide construir la casa de su vida. Calcula el presupuesto, solicita un crédito y comienza la obra. Sin embargo, cada tres meses cambian las reglas: aumentan los permisos, cambian los impuestos a los materiales o aparecen nuevos cobros que nadie anticipó.
Lo más probable es que usted detenga el proyecto.
Eso mismo ocurre con las grandes inversiones. Ningún inversionista compromete cientos o miles de millones de dólares si no sabe cuáles serán las reglas durante los próximos años. La estabilidad no es un lujo; es una condición para planificar.
Por eso existe la invariabilidad tributaria. No significa que una empresa quede liberada de pagar impuestos. Significa que conoce de antemano cuáles serán las reglas durante un período determinado.
Y aquí aparece la crítica de quienes se oponen.
¿Qué pasa si, durante ese período, el país enfrenta una crisis económica? ¿Qué ocurre si aumentan enormemente las utilidades de una empresa gracias a factores externos? ¿Debe el Estado quedar impedido de ajustar su política tributaria para responder a nuevas necesidades?
Es una pregunta completamente legítima.
Pero también lo es otra.
¿Qué pasa si Chile comienza a cambiar permanentemente las reglas del juego? ¿Cuántas inversiones dejarán de llegar? ¿Cuántos empleos dejarán de crearse? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas perderán oportunidades porque nunca se desarrolló ese gran proyecto que generaba actividad económica?
Aquí es donde, a mi juicio, el debate se ha equivocado durante años.
Nos han hecho creer que debemos elegir entre empresas o personas. Entre crecimiento económico o justicia social, entre inversión o derechos sociales y esa es una falsa elección.
No existe salud pública de calidad sin recursos, educación moderna sin recursos, seguridad sin recursos. Pero tampoco existen recursos si la economía deja de crecer.
Es tan simple como cualquier presupuesto familiar. Una familia no puede gastar indefinidamente más de lo que ingresa. Lo mismo ocurre con un país. Sin embargo, tampoco basta con crecer.
Si el crecimiento queda concentrado en unos pocos y no mejora la calidad de vida de la mayoría, tarde o temprano la sociedad pierde confianza en el sistema. Por eso Chile necesita un nuevo pacto.
Un Estado responsable, eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos, empresas que inviertan, innoven, generen empleo y compitan con reglas claras y una política que deje de utilizar la economía como un campo de batalla ideológico.
Mientras algunos países discuten cómo atraer las inversiones del futuro, nosotros seguimos discutiendo si la inversión es buena o mala.
Mientras otros simplifican regulaciones, mejoran su productividad y fortalecen sus instituciones, nosotros muchas veces terminamos atrapados en debates donde cada sector intenta demostrar que el otro es el enemigo.
La experiencia internacional demuestra que los países más desarrollados no crecieron porque eligieron solo al mercado o solo al Estado. Crecieron porque construyeron instituciones confiables, reglas estables, una justicia que funciona, un Estado capaz de fiscalizar y un sector privado dispuesto a invertir. Chile tiene todas las condiciones para volver a liderar América Latina.
Tenemos talento, recursos naturales, emprendedores, trabajadores capaces.
Lo que muchas veces nos falta es confianza. Y la confianza no se decreta, se construye cuando las reglas son claras para todos. Cuando los impuestos son suficientes para financiar un Estado moderno, pero no se transforman en un castigo para quien quiere invertir. Cuando el Estado administra bien cada peso que recauda y cuando las empresas entienden que generar utilidades también implica una responsabilidad con el país que les permite crecer. No necesitamos un país donde gane solo el Estado. Tampoco uno donde ganen solo las empresas.
Necesitamos un Chile donde gane la ciudadanía.
Porque, al final del día, el verdadero éxito económico no se mide únicamente por el crecimiento del PIB ni por la recaudación fiscal. Se mide cuando una familia encuentra trabajo, cuando un emprendedor puede abrir su negocio, cuando un joven accede a una buena educación y cuando un adulto mayor recibe una atención de salud digna.
Ese debería ser el objetivo de cualquier política pública. Y si alguna discusión económica nos hace olvidar que detrás de cada cifra hay personas, entonces estamos debatiendo lo secundario y no lo esencial.
Chile no necesita elegir entre crecimiento y justicia social. Necesita inteligencia para construir un camino donde ambos avancen juntos. Ese es el país que vale la pena defender.
Aland Tapia San Cristóbal es ingeniero civil industrial de la UTFSM
