La tensión entre la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la Contralora General (s), Dorothy Pérez, alcanzó su punto máximo este martes tras la presentación de una ofensiva legal por parte de la exautoridad. A través de un contundente escrito de 26 páginas, Steinert solicitó formalmente la «reconsideración» del dictamen que concluyó que ella excedió sus atribuciones y vulneró su deber de abstención al solicitar información reservada a la PDI sobre el «Clan Chen».
Los seis pilares de la defensa de Steinert
La exsecretaria de Estado fundamentó su reclamo en seis motivos autónomos, acusando a la Contraloría General de la República (CGR) de cometer «graves errores jurídicos» en cada paso argumental del dictamen. Entre sus principales descargos, Steinert sostiene que:
- Invasión de atribuciones: Acusa que la CGR «invade la esfera del mérito» de una decisión política, algo que el organismo tiene estrictamente prohibido.
- Error de derecho: Afirma que, como ministra, la ley la facultaba para requerir antecedentes secretos o reservados por conducto regular, y que dicha recepción de información «no constituye divulgación».
- Deber de abstención inexistente: Steinert critica que el dictamen no logre individualizar cuál sería el «interés personal o patrimonial» capaz de restarle imparcialidad, desestimando que su cargo previo como fiscal en Tarapacá fuera un impedimento legal.
Denuncia de «indefensión» y filtraciones ilícitas
Uno de los puntos más ríspidos de la tensión con la contralora Pérez radica en las formas del proceso. Steinert denunció una «omisión de notificar el dictamen» a su persona, lo que a su juicio configura un estado de indefensión, considerando inaceptable que el fallo se comunicara a los denunciantes y a la prensa antes que a la principal afectada.
Asimismo, la exministra cuestionó el origen de la indagatoria, señalando que se basó en una «divulgación ilícita de un documento reservado» y que una difusión antijurídica no debería ser fuente lícita para un reproche administrativo.
Blindaje político: Del Ministerio de Seguridad al Congreso
La ofensiva de Steinert encontró eco en el actual gabinete y en sectores de la oposición. El actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, respaldó el derecho de su antecesora a apelar, calificándolo como un proceso «normal» y «bien encaminado». No obstante, Arrau marcó una distancia estratégica al aclarar que, aunque la ley faculta al Ministerio para pedir información reservada para fines de políticas públicas, su gestión ha sido clara en que «no requeriremos información específica de un caso en desarrollo».
Por su parte, desde el Congreso, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, elevó el tono contra la Contraloría, asegurando que el pronunciamiento contra Steinert «deja mucho que desear». Squella acusó que hace tiempo observa «excesos» en las atribuciones del ente fiscalizador y puso en duda si la dirección de un órgano tan relevante debería seguir recayendo en una sola persona o si debería transitar hacia un modelo colegiado.
Con este escenario de alta fricción, la pelota queda ahora en el terreno de Dorothy Pérez, quien deberá decidir si mantiene el reproche contra Steinert o si accede a la solicitud de dejar sin efecto un dictamen que hoy tiene enfrentados a la exautoridad y al máximo órgano contralor del país.
