El país ya vive la próxima generación de organizaciones criminales. Aunque no quiera admitirlo. Sean de narcotráfico o de cualquier otra industria ilegal, estas se caracterizan por ser tecnológicas en sus aspectos orgánicos, diversificadas e híbridas en sus negocios, y conscientes del requerimiento anonimato comercial y financiero, para poder vivir sus riquezas ilegales. Las grandes estructuras criminales verticales y jerárquicas, muy parecidas a una organización de estado, están siendo reemplazadas rápidamente por unidades profesionales interdependientes entre sí como eslabones de una cadena, muy similares a las empresas del desarrollo del capitalismo transnacional tardío, pero que, a diferencia de este, no requieren de territorios amplios para su subsistencia. Tienen la habilidad de habitar instituciones y espacios con habilidad de jiu jitsu criminal, en el cual el control de posición, las palancas y la presión son el arte suave de lo esencial. Para ellas la presión violenta es un último y negativo recurso, y solo una excrecencia de sus fases operativas de constitución o de manejo de mercados finales difíciles, pero nunca el tronco de la actividad.
El país está alarmado por la penetración del crimen organizado. Porque toca las esferas financieras del país, no sabemos todavía con qué profundidad, aunque no cuesta imaginarla. Lo que se sabe o investiga es más bien producto de la casualidad y no de la inteligencia aplicada a la seguridad. Es probable que haya penetrado todo el sistema financiero, los fondos de inversión, inmobiliarias y otros pues el gran regulador financiero del Estado de Chile, la CMF, ha fallado. Todos los caminos conducen a su responsabilidad, y pocas cosas de las que están ocurriendo pueden explicarse sin su omisión culpable o culposa. Mal que es extensible a otras instituciones públicas como el Poder Judicial.
Es un dato que sin un buen diagnóstico no habrá buena seguridad. Pero el diagnóstico requiere de inteligencia estratégica y la pereza intelectual de la política y de los servicios de inteligencia nacional existentes no la tienen. Y en una época como la actual, en que los cambios se producen a una velocidad difícil de emular por los sistemas decisorios de gobierno, la inercia lleva a simplificar los análisis con ejemplos del pasado. La repetición acrítica de la prensa contribuye a ello.
El país requiere volver a pensar de manera metódica y estructural la seguridad, a la luz de lo que está ocurriendo en el siglo XXI, y no en la trayectoria analógica del siglo pasado. Debe conceptualizar el crimen organizado distinguiendo su matriz moderna del detritus de la violencia sistemática que deja en la vida cotidiana de los ciudadanos. La violencia masiva de portonazos, balaceras entre bandas locales, vacunas, turbazos y el largo etcétera de lo cotidiano en nuestras ciudades es un resultado de su matriz moderna y no el crimen organizado mismo.
Por cierto, requiere una acción drástica de policías, del sistema penitenciario y una represión de máxima rigurosidad. Pero es un equívoco no mencionarlo de una manera distintiva pues se pierde su significado esencial: ser la “zona de sacrificio de los derechos ciudadanos” que resulta de la impericia de las autoridades y órganos del Estado.
La criminalidad moderna referida en el inicio de esta columna es una amenaza a la integridad misma del Estado democrático. Para sus miembros la tecnología es el núcleo de articulación operativa de las redes criminales. Y el drama que se enfrenta -Chile está a las puertas de que ello ocurra- es que las redes criminales se digitalicen integralmente antes que el Estado.
Los grupos criminales ya se montan y promueven tecnologías emergentes y sistema de IA. Utilizan drones en muchas de sus operaciones, innovan desde drogas de naturales a drogas sintéticas, en recursos de pago con monedas digitales y recursos de inversión y blanqueo de activos (underground banking). Requieren menos trabajo y menos territorio cuando pasan de drogas naturales a sintéticas y pueden relocalizarse con facilidad más cerca de sus mercados. para ocultar y blanquear dinero.
Todo lo anterior y muchos otros elementos largos de enumerar, obligan a que las policías desarrollen nuevas aptitudes de control, que la vigilancia tecnológica sea un imperativo de las ciudades y que las capacidades predictivas y de respuesta rápida masiva sean más eficientes. A ello debiera apuntar la ciberseguridad nacional bajo el concepto de justo hacker (detección de vulnerabilidades frente a ataques externos) y de ciberseguridad de borde (control interno de hechos anómalos) operando en un sistema integral amplio nacional de seguridad.
Pero hasta el momento, en materia de seguridad, todo lo que hace la mano izquierda no se lo comunica a la derecha, y lo operativo se disuelve en leyes y comisiones conjuntas que no operan como tal.
