La investigación por corrupción que mantiene al exdiputado Joaquín Lavín León en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber ha alcanzado un nuevo y crítico nivel. La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que citará a declarar a Joaquín Lavín Infante, exlavín presidenciable y padre del imputado, para esclarecer su vínculo con la plataforma SocialTazk y el presunto uso de recursos públicos para financiar su propia campaña de primarias presidenciales en 2021.
SocialTazk: El motor del financiamiento paralelo El corazón de la indagatoria es SocialTazk, un software de marketing político desarrollado por el programador Felipe Vázquez —quien enfrenta un proceso de extradición desde España— bajo las órdenes de Lavín León. Según la fiscalía, esta herramienta fue financiada ilegalmente mediante asignaciones parlamentarias del Congreso Nacional, destinando fondos que debían ser para labores legislativas al desarrollo de una plataforma de mensajería masiva con fines electorales.
La gravedad del esquema radica en lo que expertos denominan un «cobro doble»: Lavín León habría cargado los costos de desarrollo al Congreso y, simultáneamente, habría cobrado a los candidatos de las primarias de 2021 por el uso del servicio. Se estima que esta plataforma prestó servicios a más de 70 candidatos de la UDI, incluyendo al propio Lavín Infante.
Funcionarios del Congreso en campaña Nuevos testimonios de tres asesoras del exdiputado han complicado aún más el escenario familiar. Las trabajadoras reconocieron que, aunque sus sueldos eran pagados por el parlamento, desempeñaron funciones irregulares en la campaña presidencial de Lavín padre en 2021. En total, se investiga a siete funcionarios que habrían trabajado en actividades electorales ajenas a su labor legislativa.
Esta arista se cruza con la participación de otros miembros del clan, como Juan Pablo y María Estela Lavín, dueños de la encuestadora Panel Ciudadano. La tesis fiscal apunta a que SocialTazk y las encuestas de Panel Ciudadano operaron como una estrategia de planificación conjunta al servicio del «patriarca» de la familia.
La conexión con el Servel y el robo de datos La trama también ha salpicado la institucionalidad del Servicio Electoral (Servel). Los antecedentes recopilados muestran que Jorge Manzano Gouet, actual consejero del Servel y antiguo «dueño de la billetera» de la UDI, habría facilitado ilegalmente los padrones electorales nacionales a Lavín León en 2018.
Correos incorporados a la causa revelan que el exdiputado solicitó explícitamente el «padrón de Chile entero» para alimentar la base de datos de SocialTazk. Un informe forense de la PDI confirmó que la aplicación contenía datos sensibles de la ciudadanía —como domicilios y circunscripciones— que fueron utilizados para fines comerciales y políticos privados, lo que constituye un delito electoral.
Un perjuicio millonario Actualmente, el fraude al fisco y la falsificación de instrumentos mercantiles en esta causa se valorizan en un perjuicio superior a los $220 millones. Mientras la defensa de Lavín León intenta desestimar las declaraciones de las asesoras acusando una exhibición parcializada de pruebas, la fiscalía busca ampliar el desafuero del exparlamentario para incluir delitos electorales específicos por la comercialización del padrón. El testimonio de Joaquín Lavín Infante será clave para determinar si el exalcalde de Las Condes conocía que su carrera presidencial estaba siendo impulsada por una maquinaria financiada con caudales públicos.
