La historia contemporánea nos ha enseñado que las mayores tragedias humanitarias no siempre se gestan entre discursos estridentes de odio explícito o mediante el quiebre violento del Estado de derecho. Con frecuencia, el horror se desliza de forma silenciosa, mimetizado en el lenguaje técnico de la burocracia, el cumplimiento de metas y la eficiencia administrativa.
En el Chile actual, la reciente discusión e implementación de directrices y ordenanzas que pretenden obligar a los funcionarios de los sectores públicos —especialmente en las áreas críticas de educación y salud— a denunciar a los migrantes en situación irregular, enciende una alarma democrática y ética que no podemos ignorar. Al vincular esta cruda realidad con la célebre tesis de Hannah Arendt sobre la «banalidad del mal», el panorama se torna no solo preocupante, sino peligrosamente familiar.
Cuando Hannah Arendt cubrió el juicio del nazi Adolf Eichmann en Jerusalén (1961), esperaba encontrar a un monstruo sediento de sangre. En su lugar, descubrió a un burócrata. Eichmann no actuaba por una locura fanática, sino por una incapacidad alarmante de pensar por sí mismo, limitándose a cumplir órdenes, rellenar formularios y optimizar procesos de deportación masiva. El mal, concluyó Arendt, se vuelve banal cuando se normaliza, cuando se vacía de reflexión moral y se transforma en una mera tarea de oficina.
Al mirar el Chile de hoy, la analogía emerge con una fuerza incómoda. Cuando el Gobierno de Kast presiona o normativiza para que un director de escuela, una profesora, un médico de urgencias o una enfermera de un consultorio se transformen en agentes de control migratorio y delatores, se está activando esa misma lógica de deshumanización burocrática.
El mensaje implícito del aparato estatal es perverso: «No piense en el niño que se queda sin escolaridad; no piense en el enfermo crónico que morirá en su casa por temor a ser detenido en el hospital. Simplemente cumpla la ordenanza. Cumpla con su deber legal».
El impacto de estas medidas en la realidad chilena es doblemente catastrófico. Por un lado, desmantela los pilares éticos de profesiones esenciales: en Salud se quiebra el juramento hipocrático. El hospital deja de ser un refugio de sanación para convertirse en una aduana policial; en Educación, la escuela pierde su rol de espacio seguro de integración y desarrollo humano, transformándose en una trampa de vigilancia.
Por otro lado, se empuja a una población ya vulnerable hacia la clandestinidad absoluta. Un migrante que no puede escolarizar a sus hijos ni asistir a un centro asistencial por miedo a la expulsión es, en la práctica, despojado de su condición de persona ante el Estado. Es lo que la propia Arendt definía como la pérdida del «derecho a tener derechos».
La gravedad de calificar estos procesos como la antesala de «crímenes de lesa humanidad» radica en que la persecución sistemática y la denegación planificada de servicios vitales a un grupo humano, por motivos de su estatus migratorio o nacionalidad, configuran violaciones institucionales que congelan el alma de una nación. No se necesita levantar campos de concentración para que el horror comience; basta con institucionalizar la crueldad a través de ventanillas de atención al público.
El Presidente parece olvidar que la legalidad no siempre es sinónimo de justicia. La historia chilena ya sabe demasiado de decretos y ficciones jurídicas que encubrieron atrocidades en el pasado.
Frente a la banalidad del mal que amenaza con normalizarse en los pasillos de nuestros ministerios, hospitales y colegios, la única respuesta democrática es la resistencia ética y el ejercicio del pensamiento crítico. Los funcionarios públicos y la sociedad civil en su conjunto deben recordar que la responsabilidad moral individual es intransferible. Cumplir una ordenanza no exime de la complicidad en la deshumanización del otro.
Si Chile permite que sus escuelas, jardines infantiles, consultorios y hospitales se conviertan en sucursales de la policía migratoria, no solo estaremos desprotegiendo a los más vulnerables, sino que habremos firmado la renuncia definitiva a nuestra propia dignidad colectiva. El mal que viene no usará uniformes de combate; usará timbres, memorándums y la silenciosa indiferencia de quienes decidieron dejar de pensar.
