La reelección del alcalde de Pedro Aguirre Cerda (PAC), Luis Astudillo, hoy se encuentra bajo la lupa de la justicia tras la revelación de una serie de chats y testimonios que apuntan a un presunto financiamiento irregular de su campaña. Los antecedentes, que ya forman parte de una querella por cohecho, describen un esquema donde los funcionarios municipales eran obligados a entregar parte de sus ingresos para asegurar la continuidad del autodenominado «Doctor del Pueblo».
El bono convertido en «impuesto» electoral De acuerdo con las denuncias que investiga la Fiscalía Metropolitana Sur, el mecanismo operaba sobre el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), un bono trimestral que reciben los trabajadores públicos. Según exfuncionarios, se exigían aportes económicos proporcionales a dicho beneficio bajo una lógica de presión directa: “Te exigían o sino perdías el trabajo no más, era así de simple”.
Camila Ramírez, una de las denunciantes, relató que existía un listado interno con los nombres de quienes llegaron con la gestión de Astudillo y el monto específico que debían entregar. “Esto es una obligación. No es una invitación… es obligatorio para todos los funcionarios que llegaron con el alcalde”, sentenció la excolaboradora.
Efectivo para no dejar rastro Una de las piezas clave en este engranaje sería el actual administrador municipal, Gerardo Sánchez, señalado como el coordinador de los cobros. Los chats revelados muestran la angustia de los trabajadores frente a las exigencias: “Tengo que pasar 2.5 millones. Si paso la mitad ahora, me quedaría la otra mitad que sí o sí tengo que sacarla del sueldo, y eso para mí es imposible”, se lee en una de las conversaciones.
Para dificultar la trazabilidad del dinero y evitar alertas bancarias, los aportes debían realizarse estrictamente en dinero en efectivo y sin transferencias. No obstante, el concejal Evaristo Aravena sostiene que existen pruebas como correos, chats y registros de giros bancarios realizados por los propios funcionarios para cumplir con la «cuota».
La defensa oficial Desde el municipio, el director jurídico Marco Zepeda descartó tajantemente la existencia de estas prácticas, asegurando que no se ha podido acreditar ninguna cuota por trabajar en la institución. Además, indicó que el alcalde Astudillo no tenía conocimiento de estos hechos al momento de presentarse la denuncia, la cual ocurrió una vez finalizado el proceso electoral donde obtuvo el 62,20% de los sufragios.
Mientras la fiscalía avanza en la revisión de los dispositivos electrónicos y testimonios, la administración de PAC enfrenta una crisis de probidad que pone en entredicho la transparencia del financiamiento que mantuvo al «Doctor del Pueblo» en el sillón municipal.
