Este lunes 4 de mayo, desde las 09:00 horas, el exdiputado Joaquín Lavín León enfrenta su audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El exparlamentario es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por presuntos delitos de corrupción pública, específicamente fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
El mecanismo del presunto fraude La tesis del Ministerio Público apunta a la existencia de una estructura orientada al desvío de $104 millones provenientes de asignaciones parlamentarias. Según la indagatoria, estos recursos habrían sido utilizados para fines personales y electorales mediante la presentación de facturas ideológicamente falsas ante el Congreso Nacional.
Uno de los pilares de la acusación es la plataforma SocialTazk, un sistema que tuvo un costo cercano a los $93 millones. Aunque fue rendida como una herramienta de apoyo legislativo, la fiscalía sostiene que su función real era la gestión de datos para fidelizar votantes y optimizar campañas políticas.
Imputados y contexto judicial Junto a Lavín León, en esta jornada también son formalizados:
- Arnaldo Domínguez: exasesor parlamentario del otrora diputado.
- Felipe Vázquez y Juan Silva: empresarios vinculados a la creación del sistema informático y a la emisión de facturas bajo sospecha.
Lavín León llega a esta instancia sin fuero parlamentario luego de que la Corte Suprema ratificara su desafuero en marzo pasado. Si bien el fallo del máximo tribunal permitió la formalización, este excluyó los delitos tributarios, por lo que el Ministerio Público debe concentrar su caso estrictamente en los ilícitos contra la administración pública.
La postura de la defensa El abogado defensor, Cristóbal Bonacic, ha cuestionado la solidez de las pruebas y sostiene que los hechos denunciados responden a «errores administrativos» propios del funcionamiento de una oficina parlamentaria, descartando cualquier tipo de intencionalidad o dolo por parte del exdiputado.
La audiencia, que cuenta con la participación de la Municipalidad de Maipú, el Consejo de Defensa del Estado y el SII como querellantes, definirá las medidas cautelares para los imputados en una causa que la fiscalía califica como un caso de «alta corrupción».
