Durante la mañana de este lunes 4 de mayo, detectives de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en las dependencias de la Municipalidad de Peñalolén. La diligencia, mandatada por la Fiscalía de Las Condes, se centró en la incautación de una serie de equipos computacionales, entre ellos el computador personal que perteneció a la exalcaldesa y exsubsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
El origen de la investigación Este operativo policial es el resultado de una querella criminal interpuesta el pasado 4 de marzo por el actual jefe comunal, Miguel Concha (FA). La acción judicial apunta a presuntas irregularidades administrativas ocurridas durante el periodo 2021-2024, las cuales habrían generado un perjuicio económico para las arcas municipales estimado en al menos 12 mil millones de pesos.
Los exfuncionarios bajo la lupa Además de Carolina Leitao, la investigación individualiza a otros tres altos mandos de la administración anterior por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y malversación de recursos estatales:
- Patricio Escobar: exadministrador municipal.
- Tamara Rubio: exdirectora de Administración y Finanzas (DAF), quien fue destituida tras un sumario interno.
- Juan Pino Melo: exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).
En total, la PDI retiró once equipos computacionales; cuatro pertenecientes a los querellados directos y otros siete de funcionarios cercanos que colaboraron en dicha gestión.
El mecanismo del presunto engaño Según los antecedentes de la querella, se habría implementado un sistema de sobreestimación de ingresos presupuestarios. Este mecanismo habría permitido autorizar y ejecutar gastos que excedían la capacidad financiera real del municipio, ocultando sistemáticamente el déficit para proyectar una falsa solidez económica ante la Contraloría.
Asimismo, la auditoría externa realizada por la firma Fortunato & Asociados detectó un déficit acumulado de $16.318 millones a diciembre de 2024 y el uso de fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) —destinados originalmente a proyectos de infraestructura como plazas y canchas— en fines no permitidos por la ley.
La investigación, liderada por el fiscal adjunto Juan Pablo Araya, continúa en desarrollo mientras se analiza la evidencia digital recolectada en el edificio consistorial de avenida Grecia.
