Lo que comenzó como una alerta policial por el presunto secuestro de un concejal de San Felipe, dio un giro de 180 grados que ha dejado atónita a la Región de Valparaíso. Ronald Olivares, tras ser reportado como desaparecido luego de asistir a una capacitación en Viña del Mar, confesó finalmente ante Carabineros que el incidente fue un montaje para ocultar una noche de excesos y consumo de drogas.
El relato inicial, que movilizó recursos de seguridad pública, se desmoronó cuando el propio edil reconoció haber utilizado dinero de sus viáticos municipales para adquirir cocaína en el sector de El Salto. Según su testimonio, tras la compra, terminó perdiendo la noción del tiempo en un «ruco» (vivienda informal), donde permaneció hasta que el despliegue mediático y policial lo obligó a inventar el rapto para justificar su ausencia.
Este caso escala más allá de lo anecdótico y se instala en el terreno de la ética pública y el mal uso de recursos fiscales. El hecho de que un servidor público utilice fondos destinados a su labor representativa para financiar actividades ilícitas ha generado una ola de indignación en el Concejo Municipal de San Felipe, donde ya se evalúan sanciones administrativas y acciones legales por la falsa denuncia que puso en jaque a las instituciones.
