«La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió a representantes de la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, quienes manifestaron preocupación por el bienestar de sus familiares privados de libertad», señaló en X el máximo Tribunal del país.
La audiencia fue difundida por el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, donde la cónyuge de uno de los condenados en Punta Peuco informa de la actividad que estuvo rodeada de un protocolo que está reservado para autoridades.
Saludos con besos, en la oficina de la presidencia de la Corte, con cámara, periodista y todo el aparataje de cobertura que se despliega y difunde por la misma institución con una agrupación que, seguramente, es de hecho.
Acá no está en cuestión el derecho a ser escuchado por la autoridad, ni tampoco el derecho a petición, lo que se cuestiona es la señal que entrega la máxima autoridad de un poder del Estado.
¿Cuánto cuesta que una persona común y corriente sea recibida por la presidencia de la Corte Suprema? ¿Cuánto más que se utilice el aparato del Tribunal para dar difusión a esta actividad? ¿Por qué Gloria Ana Chevesich no entregó una declaración?
Cada vez que asume un gobierno los poderes comienzan a bailar al ritmo del Ejecutivo. ¿Será este el caso?
Las formas importan y Chevesich debería saberlo. En la oportunidad, de acuerdo a la versión de las visitas, la presidenta les «orientó» los pasos a seguir, muy poco para recurrir a tan alta autoridad.
Pero las formas importan, además, para los periodistas que redactaron el comunicado. Las personas que están en Punta Peuco, antes de estar «privados de libertad», están condenados por crímenes de lesa humanidad y ninguno se ha arrepentido de los deleznables actos por los que -incluso- purgan penas de más de mil años.
Chevesich debe más de una explicación y, a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, más de una disculpa.
