«El abuso sexual de niños es un tema intensamente controvertido y profundamente divisor.
Separa a los niños de los padres, a las madres de los padres, y a las familias
de sus amigos, vecinos y parientes.
Divide a los trabajadores sociales contra los psiquiatras, a los terapeutas
contra los investigadores, contra los abogados, contra los jueces, contra los jurados,
y a cada protagonista contra la sociedad misma.
Cualquier alianza, tradicional o potencial, es amenazante y toda desconfianza
naciente se exagera, cada pregunta se convierte en una disputa
y cada respuesta en un insulto.»
— Roland Summit
Roland Summit escribió eso en 1983. Cuarenta y dos años después, los datos de Chile son su confirmación más exacta.
Solo en 2024, más de 39.000 niños, niñas y adolescentes fueron ingresados como víctimas de alguna forma de violencia sexual en el país — más del 71% de todas las denuncias por este tipo de delitos registradas por el Ministerio Público, según la Defensoría de la Niñez. Entre 2018 y 2024 se acumularon más de 114.000 causas por abuso sexual infantil, con un aumento del 186% en el período, según World Vision Chile. Estudios recientes indican que el 26% de la niñez chilena ha sufrido algún tipo de violencia sexual.
Y a pesar de eso — o quizás por eso —, menos del 15% de los casos llega a denuncia. Como promedio, pasan entre 19 y 25 años entre el abuso y su revelación, según la Fundación para la Confianza. Cuatro de cada cinco víctimas nunca hablan. Las que hablan, con frecuencia descubren que hablar tenía un costo que nadie les advirtió.
Summit lo había visto venir.
El campo que se fragmenta
Summit no hablaba de un fenómeno individual. Hablaba de un campo — el conjunto de relaciones, instituciones y reacciones que rodean al niño o la niña desde el momento en que el abuso ocurre, o desde el momento en que alguien lo nombra. Y ese campo, describía, se fragmenta en capas que operan simultáneamente.
La primera es la familia inmediata. Cuando la revelación ocurre — si ocurre —, raramente hay una sola respuesta. Hay incredulidad. Hay culpa desplazada. Hay protección del perpetrador disfrazada de protección del niño. Hay madres que sí creen y padres que no pueden. Hay hermanos que saben y no saben al mismo tiempo. La familia que hasta ese momento funcionaba como sistema — con sus lealtades, sus silencios, sus reglas implícitas — se reorganiza de manera abrupta alrededor de un secreto que ya no puede ser contenido del todo pero que tampoco puede ser nombrado del todo.
La segunda capa es la institucional. CIPER documentó en enero de 2025 algo que cualquier clínico que trabaja en este campo conoce de primera mano: cuatro casos en que la justicia chilena entregó el cuidado de niños a personas acusadas, investigadas o condenadas por abuso sexual o maltrato infantil. En uno, dos hermanos quedaron bajo la custodia de un padre condenado por abuso sexual reiterado contra su hijastra. En otro, un niño — llamado Matías en el reportaje — fue víctima de abuso sexual por segunda vez estando bajo cuidado del Estado, esta vez por parte de un funcionario de la residencia donde había sido institucionalizado para su protección. Matías acumuló a lo largo de los años siete procesos judiciales de protección, cinco jueces distintos, doce consejeros técnicos y diez programas de protección del Sename. En ninguno de esos procesos fue escuchado. El informe de Cideni ya lo había documentado en 2021: en el 81% de los casos revisados, la opinión del niño no se pondera como elemento determinante.
En mayo de 2025, la Corte de Santiago anuló una condena por abuso sexual infantil reiterado — la víctima era una niña de 3 años — porque los sentenciadores habían condenado por un delito reiterado cuando la acusación fiscal describía un hecho único. Un tecnicismo procesal. Una condena sin efecto. Una niña sin justicia.
En 2024, CIPER comprobó que al menos cuatro condenados por delitos sexuales contra menores no figuraban en el registro de inhabilitaciones para trabajar con niños. Entre ellos, un hombre condenado por violación a menor de 14 años y almacenamiento de pornografía infantil, parte de una red de explotación sexual que había abusado de niñas de residencias del Sename.
Todo esto, exactamente, es lo que Summit describía: cada disciplina llega al caso con su propia epistemología, sus propios estándares de evidencia, sus propias prioridades. El investigador forense ve un testigo. El terapeuta ve un sistema nervioso que necesita regulación antes de que cualquier procesamiento sea posible. El abogado ve un caso. El juez ve un expediente. Muy raramente todos ellos ven, al mismo tiempo, a un niño.
La tercera capa es la social. El abuso sexual infantil — especialmente cuando el perpetrador es un familiar o figura de confianza — toca los supuestos más básicos que una comunidad sostiene sobre sí misma. Obliga a revisar quiénes son las «personas de confianza». Esa revisión es amenazante. Y los sistemas sociales, como los sistemas familiares, resisten con una fuerza proporcional a la amenaza que representa.
Lo que ocurre en el cuerpo del niño
En medio de esa fragmentación sistémica, conviene no perder de vista lo que ocurre en el cuerpo del niño mientras todo eso sucede a su alrededor.
El abuso sexual infantil — especialmente cuando es perpetrado por un familiar — activa simultáneamente las tres formas en que el vínculo primario puede ser interrumpido: no ser deseado genuinamente como ser completo, no ser bien cuidado, no ser protegido. El cuerpo del niño aprende algo que ningún sistema nervioso debería aprender: que la persona que debería protegerle es la misma que le daña. Esa ecuación — amor y amenaza proveniendo de la misma fuente — produce apego desorganizado. El sistema nervioso no puede ni acercarse ni alejarse porque ambos movimientos son igualmente peligrosos. El niño queda suspendido entre dos respuestas contradictorias que no pueden resolverse.
Lo que la práctica clínica muestra con mayor consistencia — más que cualquier otro síntoma — es la vergüenza tóxica identitaria. No la vergüenza por lo que ocurrió, que sería comprensible y elaborable. La vergüenza de ser. La conclusión que el sistema sin recursos construyó para dar sentido a lo que no tenía sentido: «algo en mí lo provocó», «soy malo/a», «me lo merecí». Esta vergüenza no es una emoción. Es una estructura identitaria. Se instala en el centro del self y organiza desde ahí la manera en que la persona se relaciona con el mundo durante décadas.
Bessel van der Kolk lo documentó con precisión: el trauma no se almacena como narrativa. Se almacena como fisiología. Como una respuesta corporal que se activa ante estímulos similares aunque el peligro original haya desaparecido hace años. El niño que sufrió abuso sexual no «recuerda» en el sentido convencional. Su cuerpo responde — con activación, con congelamiento, con disociación — ante olores, voces, proximidades físicas que el sistema nervioso registra como similares al momento original.
Eso tiene consecuencias terapéuticas directas: no se puede trabajar el abuso sexual infantil únicamente a nivel narrativo. Lo que el sistema nervioso almacenó no puede ser modificado solo con palabras. Requiere intervención en el mismo nivel en que fue grabado: el cuerpo, la emoción, la imagen.
El error que el sistema sigue cometiendo
Summit lo describía con una frase que en Chile tiene resonancia concreta: el sistema que debería proteger al niño frecuentemente le pide que demuestre su propio daño.
El proceso judicial puede ser necesario para que la justicia funcione. Pero tiene un costo clínico que rara vez se evalúa: somete al niño a un proceso de revisión pública de su experiencia más íntima, en un contexto donde su credibilidad es puesta en duda sistemáticamente y donde el resultado — independientemente del veredicto — raramente produce lo que el niño más necesita: que alguien con autoridad diga simplemente «te creo, no fue tu culpa.»
Eso no es lo que producen los procedimientos. Los procedimientos producen evidencia o su ausencia, condena o absolución. El trabajo de reparación del sistema nervioso — que es lo que determina si esa persona podrá vivir una vida que no esté organizada por el trauma — queda fuera del alcance del sistema judicial y con frecuencia fuera del alcance del sistema de salud también.
La Fundación para la Confianza lo señaló en 2025 con una precisión que merece repetirse: la gran mayoría de las víctimas no busca principalmente el castigo del agresor. Busca el reconocimiento de su historia. Y ese reconocimiento — que le permite reconstruir la confianza que el abuso dañó o destruyó — es exactamente lo que el sistema judicial no garantiza.
Chile eliminó la prescripción de los delitos sexuales contra niños en 2019. Fue un avance fundamental. Pero siguen existiendo miles de casos anteriores que no se investigan, donde las víctimas no tienen derecho ni siquiera a la verdad de sus historias. La retroactividad fue aprobada en la Cámara de Diputados y no fue incluida en la ley final. Esa decisión tiene un nombre concreto: hay personas adultas que hoy llevan décadas con la vergüenza de algo que no fue su culpa, y que no tendrán un proceso que les diga, con autoridad estatal, que lo que les ocurrió fue real y que no fue su responsabilidad.
Lo que el trabajo clínico puede y no puede hacer
El trabajo terapéutico no es una respuesta al problema sistémico que Summit describe. El campo de fragmentación institucional, legal y social no puede ser resuelto desde la consulta.
Lo que el trabajo clínico puede hacer es más específico: crear un espacio donde el sistema nervioso del niño — o del adulto que ese niño llegó a ser — pueda empezar a distinguir entre el pasado y el presente. Entre el cuerpo que fue invadido entonces y el cuerpo que puede tener límites ahora. Entre la vergüenza que el trauma instaló como identidad y la parte sana que nunca dejó de existir debajo de esa vergüenza.
En trauma complejo — y el abuso sexual infantil por un familiar es casi invariablemente trauma complejo — el trabajo de regulación somática puede requerir meses antes de que sea posible acercarse al contenido emocional sin riesgo de inundación. El trabajo de apadrinamiento interno — el adulto que hoy puede acercarse al niño que quedó congelado — no comienza con «te quiero». Comienza con algo más básico: «te veo.» Y luego, cuando hay suficiente suelo: «no fue tu culpa.» Y luego, cuando el sistema puede recibirlo: «la llave siempre fue tuya, no de quien entró sin permiso.»
Esa formulación — la llave siempre fue tuya — es el núcleo del trabajo simbólico en el abuso sexual infantil. El abuso instala la convicción de que el propio cuerpo no le pertenece a quien lo habita. La intervención más eficaz no ataca esa convicción directamente: ofrece una imagen que impugna su premisa. El inconsciente puede reconocer como verdad lo que el pensamiento consciente todavía no puede sostener.
Lo que la sociedad debe
Summit no escribía solo para clínicos. Escribía para todos los actores del sistema.
Lo que Chile debe a estos niños no es solo más leyes — aunque algunas siguen faltando. Es un cambio en la cultura del crédito: en cómo las instituciones, las familias y las comunidades responden en el primer momento, antes del peritaje, antes de la investigación, antes del procedimiento. Requiere que el primer movimiento sea creerle. No sin investigar. Sin hacer de la investigación un segundo abuso.
Bert Hellinger observó que los sistemas familiares tienen una tendencia poderosa a proteger sus propios equilibrios, incluso cuando esos equilibrios son patológicos. Un sistema familiar donde el abuso ocurre tiene con frecuencia una arquitectura de silencio construida durante años, a veces durante generaciones. Cambiar esa arquitectura requiere que el sistema en su conjunto pueda mirar lo que ocurrió sin que esa mirada lo destruya.
La Defensoría de la Niñez impulsa en 2025 la adhesión de Chile al Convenio de Lanzarote — el primer tratado internacional especializado en protección de niños frente a la violencia sexual. La adhesión no es solo un gesto: significa compromisos de coordinación intersectorial, formación, sistemas de denuncia y protección que Chile todavía no tiene de manera sistemática.
Es un paso. No es suficiente.
Lo que Summit describía como ausente en 1983 sigue ausente en 2025: la coherencia de un sistema que, ante un niño que revela, pueda responder como un sistema y no como una suma de disciplinas en conflicto.
Una nota final para quienes trabajan en este campo
Quienes habitamos este territorio profesionalmente pagamos un precio. No el precio del victimario — ese es otro tema —, sino el precio de sostener lo insostenible con suficiente regularidad como para que eso no destruya la propia capacidad de estar presente.
La fragmentación que Summit describía entre profesionales — cada uno en su trinchera, desconfiando de los otros — tiene una causa que vale la pena nombrar: trabajar en este campo sin red de apoyo profesional produce exactamente ese tipo de aislamiento defensivo. La interdisciplinariedad genuina, la supervisión de calidad, el trabajo en equipo real: no son lujos. Son condiciones de posibilidad.
Lo que el niño necesita es un adulto que pueda estar presente sin huir y sin ser arrastrado.
Para que ese adulto exista, necesita estar sostenido.
Y para que esté sostenido, necesita que el sistema que lo rodea funcione con algo parecido a la coherencia.
Esa coherencia es lo que Summit describió como ausente.
Es lo que seguimos construyendo.
Humberto Del Pozo López es psicoanalista relacional, constelador sistémico y creador del Método de Resonancia Límbica TriFOCAL. Dirige el Centro Bert Hellinger.
