La ofensiva contra el crimen organizado en la zona oriente de Santiago ha escalado a un nivel de hostilidad que traspasa las barreras digitales. Tras liderar el desmantelamiento de infraestructuras ligadas al tráfico de drogas, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se ha convertido en el objetivo de una campaña de intimidación que busca frenar la recuperación de los espacios públicos mediante amenazas de muerte explícitas.
Amenazas con sello extranjero Lo que distingue este episodio de otras agresiones a autoridades locales es el tono y la procedencia del relato criminal. Los mensajes, detectados en diversas plataformas sociales, utilizan un lenguaje que evoca los métodos de los carteles internacionales: «Te vamos a hacer como lo hacemos en México», advierten los textos que ya están en manos de la justicia. El punto más crítico de la denuncia revela que se habría puesto una recompensa de 20 millones de pesos por atentar contra la vida del edil, junto con instrucciones para que no circule sin escolta por la comuna.
El costo de derribar el negocio narco Esta violenta reacción es la respuesta directa a operativos municipales recientes. En los últimos días, el jefe comunal encabezó la demolición de dos propiedades en los sectores de Avenida Departamental y La Faena. Estos inmuebles no eran simples domicilios; funcionaban como centros de acopio y venta de sustancias ilícitas, generando focos de inseguridad permanentes para los vecinos de la zona.
Firmeza frente a la extorsión A pesar de la gravedad de los mensajes, que incluyen advertencias de «no andar en espacios públicos solo», el alcalde Concha ha decidido no ceder ante la presión. Al presentar la querella correspondiente ante el Ministerio Público, la autoridad fue enfática en señalar que estos ataques son una señal de que la estrategia de golpear los intereses económicos del narcotráfico está surtiendo efecto.
Para el municipio, este escenario no representa un freno, sino un cambio de etapa en la seguridad urbana. La decisión de intervenir viviendas vinculadas al delito ha dejado de ser un trámite administrativo para transformarse en un acto de resistencia institucional. Mientras la fiscalía busca identificar a los autores de los mensajes, en Peñalolén el mensaje es claro: si alguien cree que puede convertir un barrio en un enclave delictual y amedrentar al Estado, está profundamente equivocado.
