La Moneda ha decidido elevar el tono frente a Washington. En un movimiento que marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, el Ejecutivo formalizó la entrega de una nota de protesta ante el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, tras las polémicas sanciones impuestas contra el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de la administración actual.
El canciller Alberto van Klaveren lideró la respuesta oficial calificando la determinación de la Casa Blanca como algo que «no es una medida aceptable» y que resulta «realmente inexplicable». El castigo estadounidense, que incluye la revocación de visas, se basa en que los afectados habrían actuado, «supuestamente, (para) ‘socavar la seguridad regional'».
El origen de este choque diplomático reside en el ámbito tecnológico y la infraestructura de datos. Según explicó el canciller, las medidas surgen por la evaluación de un «cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong». Estados Unidos «estima que ese cable podría, de alguna manera, representar una amenaza a su seguridad». No obstante, Chile defiende su soberanía técnica aclarando que dicho plan «no ha sido aprobado, y está en evaluación», contrastándolo con el proyecto «Humboldt» (hacia Oceanía), el cual sí cuenta con luz verde y donde «justamente participa una prestigiosa empresa de EE.UU» como Google.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores salieron en defensa cerrada del ministro Muñoz, a quien describieron como «un servidor público ejemplar» y resaltaron su «destacada trayectoria académica, que ha sido desarrollada en parte en los propios EE.UU», donde cursó estudios de posgrado.
La tensión se mantiene ante el hermetismo de la embajada norteamericana sobre el resto de los sancionados. El embajador Judd argumentó que «por razones legales, no estaba en condiciones de entregar esa información» sobre las otras dos personas involucradas, quienes serían notificadas de manera privada. Por su parte, Van Klaveren reafirmó la condena a esta «medida de carácter unilateral» que, a juicio del Gobierno, «vulnera la independencia y la soberanía de nuestro país», tildándola de una situación «extraordinariamente injusta, y que como Gobierno y Estado no podemos aceptar ni comprender».
