Nuevas revelaciones del informe de Contraloría ponen el foco sobre la cadena de mando en la gestión de recursos tras la catástrofe de 2024 en Valparaíso. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el medio Ex Ante, la contratación de la polémica sociedad San Nicolás SpA no fue una decisión aislada de la zona, sino que habría contado con el visto bueno directo desde la capital.
Los correos electrónicos de la recomendación
La Delegación Presidencial de Valparaíso, en sus descargos ante el ente fiscalizador, fue enfática en deslindar responsabilidades hacia el nivel central. Según el informe, “la Delegación señala que las empresas fueron además recomendadas por la UGRE de la Subsecretaría del Interior, lo que se materializó mediante correos electrónicos, los cuales se acompañan como respaldo”.
Esta recomendación provino de la Unidad de Gestión Riesgo y Emergencia (UGRE), dependiente de la subsecretaría que en ese entonces dirigía Manuel Monsalve. Este respaldo fue clave para que una empresa creada recién en 2021, cuyo dueño es un joven de 20 años y que funcionaba en la dirección de un centro de estética, recibiera millonarios contratos vía trato directo.
Fechas clave de la operación
El rastro administrativo permite establecer una línea de tiempo clara sobre cómo se movieron los fondos y las aprobaciones:
- 7 de marzo de 2024: La Subsecretaría del Interior autorizó oficialmente la transferencia de “$18.939.339.450 a la Dirección Nacional de Arquitectura” para faenas de demolición en el sector El Olivar. Previo a esto, se enviaron las minutas y correos informativos con la solicitud de recursos.
- 15 de marzo de 2024: Solo ocho días después de la aprobación de fondos, se firmó el convenio con San Nicolás SpA por un monto de “$6.795.138.000”, lo que representó un costo de “$7.306.600 por vivienda”, cifra muy superior a la de otros oferentes.
- 5 de septiembre de 2024: Se registró uno de los pagos a la empresa por un total de “$465 millones”.
- 13 de noviembre de 2024: Ante las quejas de la empresa por retrasos en otros pagos, el entonces subsecretario Luis Cordero instruyó un sumario interno para determinar por qué se demoraban las transferencias.
Irregularidades detectadas
A pesar de los correos de recomendación desde Santiago, Contraloría comprobó que San Nicolás SpA “no contaba con maquinarias ni personal”, operando mediante subcontrataciones irregulares y aplicando sobreprecios que llegaron al “557,89% en algunos casos”.
Actualmente, el caso se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que investiga pagos por más de 780 millones de pesos en los que, hasta la fecha, “no está acreditada la ejecución” de los trabajos comprometidos.
