Hasta hace unas horas, el nombre de Eduardo Ríos estaba asociado a una de las investigaciones por corrupción más complejas de los últimos años: el caso Procultura. Sin embargo, este martes su perfil dio un giro drástico al presentar su renuncia irrevocable ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, en medio de denuncias de hostigamiento que exponen una profunda crisis interna en la Fiscalía de Antofagasta.
El persecutor de la «Alta Complejidad» Eduardo Ríos se desempeñaba como fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, un cargo técnico y de alta exposición destinado a investigar delitos económicos y de corrupción pública. Su rol cobró relevancia nacional al liderar las indagatorias de la arista Procultura, que buscaba determinar irregularidades en el traspaso de fondos públicos hacia fundaciones.
Su salida se produce en un momento crítico: el mismo día en que el tribunal de alzada desestimó, de forma unánime, la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de esta misma causa.
La denuncia que precipitó su salida Más allá de los resultados judiciales, la verdadera razón de su alejamiento tiene un trasfondo administrativo y personal. Según consigna Emol, Ríos confirmó que su renuncia está motivada por una denuncia de maltrato laboral interpuesta en diciembre de 2025 contra su superior jerárquico, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
En su acusación, Ríos describe su paso por la fiscalía regional como una experiencia de «mobbing» o acoso laboral sistemático. El persecutor detalló que el ambiente se caracterizaba por la «desautorización, secretismo y confusión inducida», asegurando que terminó trabajando bajo una presión constante que lo hacía sentirse «marginado y reemplazable».
El «control clandestino» en el caso Procultura Uno de los episodios que Ríos destaca para explicar quién es y cómo fue afectado su trabajo, se remonta a finales de 2025. El fiscal asegura que se enteró de que su jefe, Castro Bekios, solicitó un informe secreto sobre el estado del caso Procultura a una abogada del equipo de Ríos, instruyéndola para que mantuviera dicha gestión en absoluta reserva.
«No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara», sentenció Ríos en sus descargos. Con su renuncia, el Ministerio Público pierde a uno de los hombres que conocía los hilos más finos de la trama de las fundaciones en el norte del país, dejando una interrogante abierta sobre quién asumirá ahora la posta de estas sensibles investigaciones.
