El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos reveló un informe titulado «Arrestados: lo peor de lo peor», un listado de ciudadanos extranjeros detenidos en territorio estadounidense que incluye a 42 personas de nacionalidad chilena. El documento, emanado desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), identifica a estos individuos como delincuentes que forman parte de las prioridades para las deportaciones masivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
Según detalla el informe del ICE, los delitos más recurrentes entre los chilenos presentes en la nómina son robo, fraude, hurto, posesión de drogas y falsificación de documentos. Sin embargo, destaca un nombre vinculado a la historia reciente del país: Armando Fernández Larios (75), otrora agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
El caso de Fernández Larios
Fernández Larios, quien registra una condena por homicidio, fue aprehendido en la localidad de Fort Myers, Florida. Ante esta revelación, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, señaló este martes que el Gobierno ya tenía antecedentes sobre el paradero del exuniformado.
Respecto a su captura, el canciller afirmó: «Lo que sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos, de que estaba detenido, y está detenido hace bastante tiempo». Asimismo, la autoridad validó la inclusión del exagente en dicha categoría delictual, declarando que «esa calificación que se ha hecho de Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad».
Extradición y conocimiento del listado
Sobre la posibilidad de que el exintegrante de la policía secreta de la dictadura sea enviado de regreso al país para enfrentar procesos pendientes, Van Klaveren aclaró que el rol del Ejecutivo es meramente administrativo. «Las peticiones de extradición dependen del Poder Judicial en Chile. La Cancillería simplemente transmite esas peticiones, no le corresponde al Ejecutivo determinar las extradiciones, y, en consecuencia, no es algo que sea de competencia nuestra, salvo que, obviamente, haya un requerimiento del Poder Judicial en ese sentido», explicó el secretario de Estado.
Finalmente, la Cancillería reconoció que no poseía el detalle completo de los 42 nombres previo a la difusión masiva del documento. El ministro precisó que, si bien «sabíamos, efectivamente, no le podría decir la fecha concreta, pero sabíamos que estaba detenido» en alusión a Fernández Larios, el resto de la nómina fue una información de carácter general entregada por Estados Unidos de la cual el Gobierno se informó por la vía de la publicación oficial.
