La fractura entre las dos figuras más relevantes de la izquierda en Valparaíso parece irreversible, mientras la justicia comienza a indagar el destino de los millonarios recursos de los porteños.
La política en la ciudad puerto vive días de máxima tensión tras la publicación del Informe 151 de la Contraloría General de la República, documento que reveló un vacío de $18 mil millones sin rendir durante el periodo liderado por Jorge Sharp. Este hallazgo no solo desató una crisis administrativa, sino que fracturó definitivamente la relación entre la actual alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), y su antecesor.
El conflicto escaló a la justicia penal luego de que un bloque transversal de concejales —integrado por Leonardo Contreras (RN), Jorge López (PDG), Dante Iturrieta (UDI), Valentina Veliz y Miguel Vergara (ambos del P. Republicano)— interpusiera una querella criminal por fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Según los querellantes, «del informe nacen responsabilidades, incluida la de aquellos que no dieron respuesta oportuna a el informe preliminar de Contraloría».
Ante los cuestionamientos que intentan ligarla a las irregularidades por su antiguo rol como concejala, Nieto ha decidido marcar una línea clara de separación con la gestión de Sharp. En sus declaraciones, la jefa comunal fue enfática en defender su trayectoria legislativa previa: «Se me trata de responsabilizar a mí como alcaldesa de un desorden administrativo y financiero de la administración anterior. Yo entiendo, obviamente, que era la presidenta de la Comisión de Finanzas, pero también debo recordar que yo fui la concejala que más comisiones realicé en mi periodo».
Uno de los puntos de mayor fricción radica en el uso de los recursos municipales. Nieto justificó el silencio inicial de su administración ante el preinforme de Contraloría asegurando que «no es que omitimos información, es que consideramos que su contenido es el correcto y que debemos hacernos cargo». Además, lanzó una dura crítica a la forma en que se manejaron los fondos bajo el mandato anterior, señalando que «me parece una falta grave a la probidad y a la ética utilizar fondos públicos para realizar campañas o promover determinadas candidaturas», advirtiendo que ella no replicará esas prácticas.
Para desenterrar el alcance total del «desastre contable», la alcaldesa anunció la apertura de tres investigaciones sumarias centradas en:
- Errores contables: Específicamente sobre $38 mil millones observados durante el año 2025.
- Compras y tratos directos: Revisión de adquisiciones que se habrían efectuado sin la autorización de la alcaldía.
- Faltas administrativas: Control de inasistencias y marcajes de personal que habrían estado vinculados a actividades de campaña política.
Con este escenario, el quiebre entre las dos figuras más relevantes de la izquierda en Valparaíso parece irreversible, mientras la justicia comienza a indagar el destino de los millonarios recursos de los porteños.
