En una decisión sin precedentes motivada por las tensiones internas tras la absolución de Claudio Crespo, la mesa directiva del Partido Socialista (PS) confirmó la suspensión de su participación en la alianza de Gobierno, lo que implica que la colectividad se restará de los comités políticos ampliados en La Moneda y del cónclave oficialista programado para el 23 de enero. Esta determinación, adoptada tras una reunión de emergencia, surge como respuesta a los reproches de sus socios del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), quienes cuestionaron la incidencia de la Ley Naín-Retamal en el fallo judicial. Ante estas críticas, la bancada socialista subrayó que fue el propio Gobierno del Presidente Gabriel Boric el que respaldó, solicitó la aprobación y decidió no vetar dicha normativa, apurando incluso su promulgación.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fue tajante al expresar que, cuando se cree que ya nada sorprende, es la primera vez que partidos oficialistas, incluido el del propio Presidente, se vuelven oposición de su Gobierno. La senadora reafirmó que el PS es una izquierda leal que terminará su tarea institucional hasta el 11 de marzo, pero enfatizó que no tienen por qué tolerar ataques arteros de quienes eran sus compañeros de coalición, asegurando que seguirán cumpliendo su labor legislativa en proyectos de seguridad y bienestar a pesar del congelamiento de la alianza. En la misma línea, el diputado Raúl Leiva calificó de desleal el ataque a una norma del Ejecutivo, mientras que Daniel Manouchehri advirtió que estos hechos representan una bomba a la unidad de la futura oposición y una clara señal de inmadurez política.
Desde el Ejecutivo, el Presidente Boric intentó matizar el origen de la ley señalando que nació de mociones parlamentarias y no de una iniciativa de su administración, aunque cuestionó duramente el criterio del tribunal. El Mandatario manifestó que le sorprende que la jueza se haya centrado solo en la violencia de los manifestantes y no diga nada de la violencia que también existió de parte del Estado. Por su parte, la líder del FA, Constanza Martínez, se alineó con la tesis del sesgo político judicial, aunque calificó de incomprensible la reacción del PS al asegurar que nadie de su sector los ha señalado directamente por el veredicto,.
Finalmente, mientras el diputado Jorge Brito llamó a la calma y cuestionó si esta medida implicará que el PS abandone sus cargos en ministerios y servicios públicos, el quiebre ha generado un efecto dominó que alcanzó al PPD. Esta última colectividad ya suspendió reuniones de negociación con el PC y el FA, informando que evaluará su permanencia en el bloque, mientras desde el Frente Amplio el diputado Jaime Sáez anunció que buscarán modificar la Ley Naín-Retamal para evitar que se consagre la impunidad en casos de derechos humanos.
