«La Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos», dijo la Contralora en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde además cuestionó el supuesto «amarre» de funcionarios.
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sus fuertes críticas al proyecto de reajuste al sector público presentado por el Ejecutivo. En su intervención, la autoridad alertó sobre la falta de información técnica para validar el gasto y cuestionó la denominada “norma de amarre”, que busca limitar despidos de personal a contrata en la transición hacia un nuevo gobierno.
Falta de transparencia en los datos presupuestarios Pérez inició su declaración señalando que el organismo no puede certificar con precisión las proyecciones de gasto del Gobierno. Según explicó, “la Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación”.
Esta opacidad se extiende a otros beneficios monetarios, ya que la contralora aseveró: “No tenemos como validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos, ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se va a asignar estos pagos y beneficios”.
La «injusticia» en la carrera funcionaria Uno de los puntos más polémicos fue la denuncia sobre funcionarios que ingresan con sueldos millonarios a aprender de quienes tienen décadas de experiencia. Pérez citó el descontento en las instituciones: “Los funcionarios nos reclaman: ‘Qué injusticia se produce cuando ingresa alguien de manera directa y nosotros llevamos una década esperando’”.
Además, advirtió que la norma de «amarre» propuesta por la administración de Gabriel Boric modifica el régimen estatutario de manera directa, lo que “afecta a la carrera funcionaria”, ya que permite que terceros ajenos a la administración o con poca antigüedad accedan a grados superiores en perjuicio de quienes han ascendido por mérito y años de servicio.
Alteración de facultades constitucionales Finalmente, la contralora cargó contra un artículo de la ley que restringiría la intervención de la Contraloría en temas que estén bajo conocimiento de tribunales. Pérez fue enfática en que “esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional”.
Para la titular del ente fiscalizador, esta modificación es de tal gravedad que “se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República” y, por ende, debería tramitarse bajo una norma orgánico constitucional y no una ley de rango simple.
