Los problemas de transparencia y corrupción en el Poder Judicial generan justas dudas. Si desde hace años existen datos suficientes de corrupción a través de prácticas habituales y aceptadas que insinúan verdaderas organizaciones: ¿por qué el ministerio público no investiga a fondo a funcionarios y órganos del Poder Judicial si es su obligación constitucional? ¿Y por qué el Poder Judicial hace una defensa corporativa de sus fueros?
Las responsabilidades institucionales, aspecto esencial de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, nunca se esclarecen. Todo es un tema individual, y el país parece presa de una impunidad endémica hecha de olvidos y arreglos parciales que todos aceptan.
Los enfoques de investigación del Ministerio Público parecen insustanciales y poco concluyentes. Suelen excusarse en que los organismos administrativos de control y fe pública que dependen de otros órganos y poderes del Estado aportan poco. Pero éstos no son exigidos a fondo por la fiscalía mientras las cosas duermen o se aceleran de manera inexplicable. Otras veces se apela veladamente a la incompetencia de las policías.
Desde la investigación del financiamiento ilegal de la política con Penta, SQM, el tráfico de influencias de Caval, hasta los casos Fundaciones y Audios, las investigaciones se dilatan y fraccionan en el tiempo. Organismos como el SII, la CMF, la Superir, y otros, no son requeridos. Los casos civiles que eventualmente contienen aristas penales por evidente manejo doloso u ocultamiento de bienes e información con perjuicio de terceros, no reciben prácticamente atención de la fiscalía Nacional. La sinergia civil/penal de la justicia no opera. Chile tal vez sea el único país del mundo donde la adulteración comprobada de un registro judicial del Presidente de la República termina en un procedimiento abreviado, por incompetencia del fiscal a cargo.
En los casos los fiscales a cargo cambian a cada rato, sin mayores explicaciones y siempre por decisión del Fiscal Nacional. Dependiendo, claro, de la importancia política del mismo, lo que resulta al menos sorprendente. Así, todas las causas del sistema judicial adoptan el carácter de un guion de capítulos interminables de TV que sobrepasan por décadas los plazos legales fijados, hasta que caen en la irrelevancia, sanciones insignificantes o el olvido ciudadano.
La reacción interna del Poder Judicial
Ante su crisis, el Poder Judicial busca mecanismos de autocontrol que le liberen de presiones externas. Un reciente fallo civil ordena retrotraer un juicio desde 2025 hasta el año 2015, dejando sin efecto todo el procedimiento entre esas fechas.
Ello no es un accidente jurídico o un ajuste de técnica procesal. Expresa un criterio para hacerse cargo de la falla estructural de descontrol e ilegalidad en sus salas judiciales. En las cuales se hace operativa la eventual corrupción, ante la cual la judicatura empieza a aplicar criterios de regularidad que le devuelvan el carácter legal y legítimo a sus acciones.
El caso citado es prolífico en inhabilidades de magistrados para conocer un trámite procesal, declaradas por ministros, ministras, suplentes, fiscales judiciales y abogados integrantes, todas por estar vinculados por productos financieros con Banco de Chile, Santander o BCI. Cruce que tiene un patrón de funcionamiento: los litigantes más poderosos son también los acreedores, empleadores bancarios o proveedores financieros de quienes deben juzgarlos. Así, la independencia del juez adquiere un perfil de ideal teórico más que de una realidad operativa. A veces simplemente no se inhabilita y comete prevaricación, si la parte contraria al banco es incompetente o está conchavada.
La arquitectura organizacional viciosa no es espontánea. Surge de mala selección en los ingresos al escalafón judicial, nombramientos donde el mérito es la amistad, o vínculos con estudios de abogados poderosos e influyentes en las Cortes de cualquier nivel. Un lobby informal que durante décadas operó sin control. En esta atmósfera, retrotraer un juicio podría convertirse en un mecanismo sistémico apto para la negociación sin tocar el fondo del problema, y que el Poder Judicial ensaya para evitar debatir que buena parte de su funcionamiento ha estado condicionado por relaciones impropias, sesgos estructurales y una cultura interna que toleró por años la proximidad entre jueces, litigantes y privados poderosos. Retrotraer es borrar el tramo donde esos vínculos podrían hacerse visibles y un intento de preservar el edificio antes de que se desplome.
El mecanismo aparece en el momento en que la Corte Suprema enfrenta su peor momento en décadas. Una ministra destituida por el Congreso; otro juez removido por la política; tres ministros bajo investigación; un fiscal judicial cuestionado; ministros revelados por escuchas telefónicas como interlocutores de operadores externos; y un aumento en las inhabilidades que ya afecta la integración de salas.
¿Y quién paga los platos rotos?
En este escenario el caso Curauma sería, por su densidad factual, una omisión insostenible si lo que se busca es validar el mecanismo mencionado. Con doce años de anomalías graves: competencia territorial de un tribunal alterada, síndicos con conflictos, resoluciones dictadas por jueces que no se inhabilitaron debiendo hacerlo, intentos de remate irregulares del principal patrimonio de la fallida, alteración del algoritmo de distribución de causas que maneja la CAPJ. Y en los próximos días un nuevo intento de remate a precio vil del bien inmobiliario más valioso con la novedad que ahora la postura mínima la fijó de manera arbitraria el nuevo juez del 2° juzgado Civil de Santiago, entregándole una gran oportunidad al crimen organizado para lavar activos.
La manipulación de los procesos judiciales ya es percibida como una realidad incuestionable en Chile. No obstante, poco o nada se ha hecho para investigar los algoritmos y la estructura y funcionamiento digital del poder judicial, que es parte importante de todo lo cuestionado. La CAPJ trata de tapar el forado mientras la fiscalía Centro Norte no perseveró en una querella sobre delito informático sin ninguna explicación plausible, pese a existir documentos y reconocimiento de no haberse aplicado correctamente los procedimientos de distribución de causas. ¿Porqué? Misterio o incompetencia de querellante y fiscalía, el tema sigue siendo grave.
Es un hecho corriente que juicios civiles, laborales o querellas se traslapen y que, en manos de abogados expertos, transformen el tiempo judicial en un factor de incertidumbre, frenando o acelerando su desarrollo, con complicidades internas del tribunal.
Que ocurra, proviene de la noción vulgar de la autonomía de poderes, sin preocupación sobre una convergencia de criterios operacionales que demanda el mundo actual. Ello genera zonas grises y la apropiación burocrática de procedimientos, y la falla en los sistemas de equilibrio y control, indispensables para garantizar legalidad, legitimidad y equidad en la administración de justicia.
En la historia judicial del país uno de los casos de mayor instrumentalización judicial es la quiebra de Curauma S.A. Una arista penal que reciente terminó, deja en evidencia que una decisión lenta es una omisión de justicia.
En junio de 2014 se presentó una querella en contra Manuel Cruzat Infante, basada en hechos ficticios, con el único propósito de facilitar la apropiación de uno de los principales activos de Curauma S.A, por una supuesta quiebra fraudulenta y falsedad documental en la quiebra de Curauma S.A. La querella se transformó en un proceso que se extendió por casi once años, con más de 150 resoluciones, decenas de audiencias suspendidas, renuncias de defensores, y medidas cautelares. Esto de manera fáctica se convirtió en un castigo anticipado para quienes figuraban como imputados.
Luego de una década de desgaste económico, mediático y personal, emergió la verdad judicial y en el primer semestre de 2025, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó su sobreseimiento definitivo, concluyendo formalmente que no existían méritos para sostener la acusación. Y que las medidas cautelares que se dictaron el 2014 eran desproporcionadas y sin justificación. Pero le impidieron a Manuel Cruzat Infante actuar ante la estrategia de los querellantes de apropiarse mediante una quiebra civil por ellos amañada de los terrenos más valiosos de Curauma.
La querella impulsada por Arturo Roa Benard; Fernando Escrich Juleff; Administraciones y Proyectos EuroAmerica S.A. (esta última filial de EuroAmerica Seguros de Vida S.A, controlada por Nicholas Davis Lecaros y Henry Comber Sigall, empresa accionista de casino Enjoy) terminó convirtiéndose, por inoperancia de la justicia, en una “celda virtual” destinada a inmovilizar y presionar a Cruzat Infante.
El bien inmobiliario perseguido, un extenso terreno urbanizable en la zona de mayor crecimiento proyectado del Gran Valparaíso es un activo estratégico de enorme valor. Los querellantes y su red de abogados —Álvaro Morales Pinto, María José Barros, Pablo Araya entre otros— desplegaron tácticas procesales que impidieron a Cruzat y su equipo explotar comercialmente el proyecto, deteriorando su posición financiera y reputacional, con un sistema judicial sin equilibrio como escenario perfecto para la presión.
Los jueces que tramitaron la causa —Juan Fernando Opazo Lagos, María Carolina Herrera, Cecilia Villanueva, Rodrigo Carrasco y Carolina Araya— permitieron que el proceso se extendiera innecesariamente, evidenciando que la lentitud judicial puede ser utilizada como herramienta de desgaste y apropiación patrimonial.
El sobreseimiento definitivo dictado en 2025 cerró el proceso, pero no revirtió el daño. La paralización del proyecto Curauma por más de una década, la pérdida de oportunidades de inversión, y el desprestigio público sufrido por los acusados, serían solo efectos colaterales de una mala situación económica, totalmente indiferentes para una justicia lenta y ambigua.
El uso y abuso del sistema judicial, sea que provenga de la ineptitud, el tráfico de influencias o la autonomía corrupta de las instituciones es tanto o más peligroso que el crimen mismo. Implica una degradación moral del Estado y sus instituciones que supera cualquier otra forma de corrupción abierta, en la medida que permiten que los proceso se transformen en una expresión brutal de discrecionalidad arbitraria, y en una amenaza o castigo permanente para los ciudadanos.
