En las últimas semanas se han conocido los novedosos informes consolidados de información circularizada (CIC) que ha emitido la Contraloría General de la República al alero la actual contralora Dorothy Pérez.
Estos CIC debutaron el 3 de enero de 2025 y ya suman 15 informes, entre los que destacan aquellos referidos a funcionarios y trabajadores del Estado que habrían salido del país estando con licencia médica, algunas de las cuales además habrían sido emitidas fraudulentamente y otro diferenciado respecto de los miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad que se encontraban en esa situación.
Junto con emitir y comunicar a la opinión pública los CIC, generando e impulsando el debate público en la materia y la ya reconocida respuesta del gobierno a un problema que se arrastraba desde varias administraciones atrás, la contralora General, en una demostración de un estilo directo y confrontacional muy diferente del de sus predecesores, le ordenó a todas las reparticiones públicas, ministerios, subsecretarías, organismos descentralizados, fuerzas armadas, carabineros y municipios instruir los correspondientes procedimientos administrativos para sancionar las eventuales responsabilidades disciplinarias de los funcionarios que se habrían ausentado de sus puestos de trabajo por motivos de salud, en circunstancia que se encontraban fuera del país sin, lógicamente, guardar el reposo que se les había concedido.
Hasta aquí, el relato es claro: el organismo contralor (y controlador) de la Administración del Estado realizó un levantamiento de información y cruce de datos entre las bases de distintos servicios, como la Policía de Investigaciones que controla los pasos fronterizos y las licencias médicas que habían sido referidas a la COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), que depende del Ministerio de Salud y controla, en definitiva, el estado de salud de los ciudadanos, su capacidad de trabajo y recuperabilidad.
Luego de aquello, el producto es de fácil lógica: no puede haber recuperabilidad de la salud si es que una persona que debía guardar reposo está en el extranjero. Eso es lo que la opinión pública y el gobierno extrajeron del análisis.
Como ya se dijera, en aras del respeto irrestricto a la Constitución y las Leyes y el sacrosanto principio de probidad, tan necesario y mancillado a la vez, la Contraloría General ordenó la realización de sumarios administrativos y la aplicación de sanciones ejemplificadoras a lo largo y ancho de la administración pública, pero ¿se mide a todos con la misma vara?
A las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que comprenden el amplio rango entre el Ejército y la Policía de Investigaciones (aun cuando el CIC 14 consideró a Gendarmería en el análisis), se les ordenó dar cuenta en 72 horas de la instrucción de los sumarios administrativos. Las instrucciones, desde el Ministerio de Defensa a las instituciones castrenses fueron claras. El próximo lunes 11 de agosto, a las 19:30 horas se encuentran citados la ministra de defensa y los comandantes en jefe de las fuerzas armadas ante la Comisión Especial Investigadora del caso “licencias médicas” en la Cámara de Diputados y los resultados a exhibir deben ser ejemplares.
Extrañamente, los tiempos exigidos a la administración municipal o el resto de los organismos de la administración civil del Estado fueron más laxos. Recién el pasado 5 de agosto la comuna de San Bernardo se transformó en la primera de todo el país en remitir los resultados de sus procesos sumariales. En el caso de esa municipalidad se propusieron 11 destituciones en un total de 63 casos, de los cuales los 52 restantes se resolverán durante agosto, todo ello tras 77 días desde el CIC N°9, que está fechado el 20 de mayo pasado.
En el caso militar, los tiempos entregados por la cartera de Defensa son más acotados, pues se entiende que en la verticalidad imperante en las ramas, aunado al principio de obediencia y no deliberación, el cumplimiento del mandato desde Defensa debe ser irrestricto sin cabida a oposiciones ni interpretaciones.
El problema que se suscita es que no puede haber un cumplimiento irrestricto de un mandato para sancionar sin que exista una investigación previa y que ésta sea desarrollada de acuerdo a un justo y racional procedimiento. En muchos casos, la decisión sancionatoria, que puede alcanzar inclusive una medida expulsiva de destitución, tal parece que ya fue tomada, aún antes de oír al investigado y en muchos casos siendo el único antecedente el figurar en la lista de funcionarios que la Contraloría General hizo circular al interior de las Instituciones.
¿Qué sucede entonces con los casos en concreto?
Resulta difícil plantear la respuesta a la interrogante si es que el organismo encargado de administrar justicia administrativa (cada uno de los organismos del Estado que tienen empleados en esa situación) ya ha decidido la suerte del funcionario. No existe margen para “evaluar” la buena conducta anterior, o que se trate de personal altamente capacitado en que el Estado, a diferencia de sus contrapartes civiles, ha invertido una ingente cantidad de recursos en su formación y especialización. Casos de militares a quienes se les concedió una licencia médica luego de ingresar al país durante el mismo día, cuestión que el informe de la Policía de Investigaciones no puede filtrar ya que el cruce de información abarca la fecha, pero no la hora del ingreso al territorio nacional e inclusive el carácter psiquiátrico del descanso, respecto de funcionarios que pudieron haber hecho una consulta legítima y haber recibido un visto bueno de parte del médico, lo que podría colocar un justificativo de buena fe de parte del afectado que atenúe la sanción. Todo ello aparentemente será ignorado, pues ya parece instalada la convicción de obedecer ciegamente el mandato político que la contralora General ha puesto en agenda, obligando a renunciar a un principio básico del sistema legal chileno bajo el cual la responsabilidad objetiva o “automática” si se quiere, se encuentra expresamente prohibida por la Constitución y las Leyes, que obligan siempre a un análisis de mérito en cada una de las conductas que se proponga sancionar.
La Contraloría se ha metido en un laberinto y las agendas personales, con decisiones apresuradas en instituciones que han hecho lobby para acceder a altos cargos, se alejan de la misión del Estado, al menos del mandato de cumplir con obligaciones básicas para con los funcionarios que las integran.
