En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad que se conmemora cada 24 de marzo, familiares de víctimas y asociaciones de derechos humanos, se unieron en red para condenar todas las desapariciones forzadas en América Latina, y exigir verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición permanentes.
«Nuestra lucha incansable», señalan en una declaración, es «que es la de todas las familias y colectivos que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos, está llena de dolor y determinación».
En el texto exigieron que los Estados asuman su responsabilidad en la búsqueda y localización de las víctimas, juzgamiento y reparación, conforme al sistema internacional de protección a los derechos humanos. «Además», prosigue, «instamos a los Estados que aún no han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que lo hagan a la brevedad y respondan a su obligación de garantizar las condiciones para la prevención de este flagelo».
La declaración que suscribieron 40 organizaciones de América Latina, reclama «la impunidad que padecemos es un crimen continuado producto de la falta de interés de erradicar estos patrones que se han arraigado en nuestras sociedades, aunado a políticas negacionistas cuyo fin es proteger a los perpetradores de dicho crimen. Por lo que exigimos que los Estados latinoamericanos cumplan a cabalidad con sus obligaciones internacionales contra las desapariciones forzadas en su más actual tipificación, según obligaciones ante Naciones Unidas, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
«La verdad, la memoria y la justicia son nuestros derechos fundamentales como víctimas, familiares y acompañantes, y de ellos se desprende nuestro derecho de búsqueda. Exigimos la creación de comisiones de la verdad, mecanismos de búsqueda efectivos que cuenten con todas las herramientas, como protocolos y alertas tempranas para la localización de víctimas, y facultades que les permitan acceder a información al más alto nivel para resolver los crímenes cometidos en el pasado y en la actualidad. La información, además, debe servir para brindar justicia a las víctimas a partir del juzgamiento de responsables en todos los países de la región», concluye.
